Política

HRW acusa al Gobierno de “abusar de la justicia” para perseguir a opositores; el Ejecutivo lo rechaza

El informe de 53 páginas titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el Gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, según el organismo

HRW acusa al Gobierno de “abusar de la justicia” para perseguir a opositores; el Ejecutivo lo rechaza
Evo Morales se refugia en Argentina desde diciembre de 2019. ARCHIVO/AFP

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch emitió un informe en el que acusa al Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez de “abusar del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, “quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas”. El Gobierno rechazó categóricamente las declaraciones.

El informe de 53 páginas titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el Gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, sobre todo en contra de las exautoridades y gente cercana al anterior gobierno del MAS, siempre según Human Rights Watch.

“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, es crucial que la fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno”, agregó.

Asimismo, en el informe, Human Rights señala que existen dudas de que en Bolivia haya habido un fraude electoral el 2019 y deplora que Añez haya perdido la oportunidad de reformular la justicia cuando asumió el poder gubernamental.

“La exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, señala el informe.

Asimismo, el organismo internacional  afirma que examinó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales y hasta que tuvo acceso a todo el expediente de la investigación por terrorismo contra el expresidente Evo Morales. Además, señala que realizó más de 90 entrevistas en el país, entre ellas al ministro de Gobierno, Arturo Murillo; la defensora del pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados.

“En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales”, afirmó Human Rights Watch en su informe y agregó que “a otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el Gobierno en internet”.

Específicamente sobre las denuncias contra el expresidente Evo Morales, Human Rights señala que no hay pruebas que sustenten las acusaciones por terrorismo contra el exmandatario.

Recuerda que el proceso contra Morales se basa en una grabación de audio en la que supuestamente se escucha al exmandatario ordenar un cerco a las ciudades del país, pero señala que “en esa prueba las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido” en el país durante los conflictos postelectoreales de noviembre del 2019.

“Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch – que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica – no dan el menor sustento a esa acusación”, señala el organismo.

“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano”, destacó al respecto Vivanco.

Sin embargo, el director de Human Rights acotó que “el aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Evo Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez salió en una conferencia de prensa a rechazar las declaraciones de esta organización y explicó que no tiene sentido señalar que el Gobierno actual ejerce control sobre la justica, “usada como arma de persecución”, cuando denunció un hecho irregular.  

“Como Gobierno constitucional de Bolivia rechazamos categóricamente el punto que hace referencia a una supuesta persecución política utilizando la justicia contra Evo Morales. Hay que recordarles que el Movimiento Al Socialismo (MAS) preseleccionó a las autoridades del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agrario, del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado”, sostuvo al señalar que más bien el sistema judicial está en manos del MAS.

El Ministro dijo que la organización reconoció que Evo no respetó los resultados del 21 de febrero de 2016, y que hubo “ataques a cargo de partidarios” de Morales contra la sociedad civil durante la crisis postelectoral de 2019 con “actos vandálicos” en domicilios como del exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema, y con agresiones físicas en contra de los opositores del MAS.

“El informe señala que el próximo Gobierno debe reformar el sistema de justicia para garantizar su independencia, sugieren abrir un proceso público, participativo que promueva e incluya as perspectivas de todos los partidos políticos y miembros de la sociedad civil y de organizaciones que trabajen en la reforma del sistema de justicia así como expertos internacionales en la materia”, agregó.

Por ese motivo y por instrucciones de la Presidenta, indicó que iniciaron ese trabajo para “garantizar la independencia y la imparcialidad y la integridad judicial”.


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