Demanda por crímenes de lesa humanidad contra Evo puede llevar varios años en la CPI, según experto

Una demanda contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) puede llevar varios años hasta lograr una apertura de la acusación formal o, en su caso, una sentencia final, según explicó el experto en derecho y director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa (Canadá), Salvador Herencia Carrasco.

“No hay un plazo determinado, eso depende del contexto y la gravedad de la situación”, dijo Herencia, en una entrevista con Correo del Sur Radio (90.1 FM), al explicar que la Fiscalía primero debe analizar la denuncia y, si amerita, abrir una investigación.

El 9 de septiembre, el Gobierno boliviano presentó una denuncia contra Evo Morales por crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en los bloqueos de rutas, que en agosto afectaron el paso de medicinas y víveres, en plena pandemia.

“La Fiscalía debe analizar primero si la situación concreta tiene la gravedad de lo establecido en el Estatuto de Roma. La CPI no tiene ningún plazo y recopila información. Puede tardar meses, hasta uno o dos años, depende del contexto”, apuntó.

Recordó que los crímenes de lesa humanidad tienen como base los procesos de Núremberg, instaurados en 1945 para sancionar las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi. Dijo que a partir de la década de 1960, se establecieron nuevos tipos de conducta como los ataques contra poblaciones civiles, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros que, como los crímenes de guerra, ingresaron bajo jurisdicción de la Corte.

Asimismo, Herencia sostuvo que la Corte “no puede realizar juicios en ausencia” y que para el proceso, el sindicado “tiene que haber sido detenido y remitido a la sede de La Haya, en los Países Bajos”. Recalcó que una vez iniciado el proceso, este atraviesa por varias etapas previas al juicio de fondo, que puede demorar al menos un año. “Es un proceso largo y complejo”, estimó.

“En el caso de Bolivia estamos en etapa de investigación preliminar. La segunda etapa seria abrir una investigación, aún sin identificar a posibles responsables. Luego, la fiscal de la CPI podría iniciar un caso específico contra una persona determinada o un grupo de personas. Este es un proceso bastante largo en el que la Fiscalía es cuidadosa en identificar a las personas”, añadió.

Mencionó que la CPI tiene “11 o 12 casos en América Latina y estudia por 15 años la situación de Colombia”, donde supervisa el sistema de paz y reparación, creado a raíz del conflicto armado, un proceso que data desde 2005.

“En los últimos años estudia dos situaciones sobre Venezuela, por actos de violencia política ocurridas en el 2017 en protestas sociales (presentada por un grupo de países contrarios a la administración de Maduro) y otra sobre supuesta injerencia de EEUU en el embargo contra Venezuela planteada por el Gobierno”, acotó Herencia.

“Los fallos de la Corte son definitivos y tienen que ser respetados por los países. No hay juicio en ausencia. La persona deberá cumplir su condena, sea en La Haya o en su propio país. El Estatuto de Roma establece que solamente se centra en los principales responsables que tuvieron responsabilidad directa, política o militar en la comisión de los crímenes”, concluyó.