El informe “Crisis de Estado: Violación de los derechos humanos en Bolivia”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, concluye que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral de octubre y noviembre de 2019.
La Defensoría indica que hubo “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones” de la actual administración gubernamental y "actos de tortura" por parte de la Policía.
El documento, presentado este jueves por Nadia Cruz, describe la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones sobre 37 muertes, 27 durante la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y la zona sur de La Paz.
Sobre las 20 muertes en Sacaba y Senkata, el informe defensorial señala que se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.
La Defensoría también considera delitos de lesa humanidad otros siete fallecimientos: dos ocurridos en el norte de Santa Cruz; uno en Betanzos (Potosí); tres en Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa (La Paz), y otro en Sacaba.
Las otras diez muertes suscitadas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de dos efectivos policiales y un trabajador de la prensa, se tratan de “hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por la Policía”, según el informe.
De acuerdo con los hallazgos de la Defensoría del Pueblo, si bien era necesario para restablecer el orden el uso de la fuerza por parte de la Policía, se cuestionan los actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre de 2019, en La Paz y El Alto.
El informe afirma que hasta la fecha no se garantizó el acceso a la justicia de las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ni la debida diligencia en la obtención y resguardo de la prueba y tampoco se identificó a los presuntos responsables.
“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.
El documento concluye que a 10 meses de los hechos, no se evidencia un proceso de pacificación real en el país y observa que las declaraciones públicas de altas autoridades sobre las investigaciones representan un grave riesgo a la independencia de los operadores de justicia.
También denuncia la “conformación e implementación de grupos paraestatales, que se arrogaron y aún se arrogan las funciones de seguridad interna de competencia exclusiva de la Policía”.
Entre las recomendaciones del informe, la Defensoría del Pueblo pide “al Ministerio Público y al Órgano Judicial investigar, hasta lograr el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables” y también “las vulneraciones de derechos en las operaciones conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, sugiere la emisión de una ley para la creación de una Comisión de la Verdad “independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial”.
El informe será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la institución defensorial espera que el próximo Gobierno impulse las investigaciones.
Revisa el informe completo de la Defensoría del Pueblo:
