Caso Respiradores: Procuraduría encuentra participación criminal de 13 personas

La Procuraduría General del Estado (PGE) encontró la participación criminal de 13 personas en el proceso de compra de 170 respiradores de origen español y recomendó a las autoridades del Ministerio de Salud, Cancillería del Estado y el Ministerio Público instaurar procesos por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, malversación y otros.

El dictamen 001/2020, firmado el 17 de septiembre por el ahora exprocurador José María Cabrera, precisa que el costo total de la compra directa es de $us 4.773.700, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio un anticipo de $us 2.028.708. Indica además que el costo de traslado vía área de los ventiladores, desde Madrid hasta Santa Cruz, fue de $us 290.000, que fue cubierto por el Ministerio y no por el proveedor, que era su responsabilidad.

Afirma que debido al inicio de las investigaciones por hechos de corrupción, no se realizó el segundo desembolso del 50% restante del contrato y ante esto, el representante legal de IME Consulting, Ignacio Manuel Mazarrasa, decidió no enviar los equipos con accesorios completos, incurriendo de esa manera en incumplimiento de contrato.

Con relación a la participación de Ignacio Iñaqui García de la empresa IME Consulting, indica que este tomó contacto directo con Fernando Valenzuela del Ministerio de Salud para la propuesta de los equipos; se puso en contacto con el Cónsul de Bolivia en Barcelona para que inspeccionen los equipos en la fábrica.

El dictamen indica que Iñaqui García, una vez contactado junto a Valenzuela y Fernando Humérez –el particular intermediario–, proceden a elevar desproporcionalmente el valor comercial de los ventiladores, por lo que habrían buscado beneficiarse económicamente con el precio, generando un presunto sobreprecio de dichos equipos y un probable daño económico al Estado, conforme las declaraciones de Humérez.

LOS RESPONSABLES, SEGÚN LA PROCURADURÍA

Las conclusiones hallan responsables al entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas; el director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el director general de la AISEM, Geovanni Pacheco; las bioquímicas Ana Fernanda Espinoza y Gabriela Pérez; profesional en análisis jurídico, Andrea Lía Alarcón Terrazas; la directora de Asuntos Jurídicos de la AISEM, Mariana Galindo Justiniano; y cónsul general de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja.

De los particulares, identifica al intermediario Humérez; Ignacio Manuel Mazarrasa, representante legal de la empresa IME Consulting; Ignacio Iñaqui García, contacto directo de Fernando Valenzuela para la propuesta de los equipos y socio de Manuel Mazarrasa. Fija responsabilidad de Luis Buscarons, representante del BID por haber otorgado la no objeción del BID y Andrea Melandri, del mismo organismo, por negarse a entregar información a la Procuraduría.

La Procuraduría recomienda al Ministerio Público llegar a la verdad material de los hechos y aclarar en su investigación por qué los representantes de IME Consulting no enviaron todos los accesorios o componentes que hacen funcionales a los respiradores y por qué condicionaron la entrega de estos actos con el desembolso del segundo pago, siendo que los equipos debían llegar listos para funcionar.

Cabrera decidió difundir el contenido de su dictamen el día en el que fue destituido por la presidenta Jeanine Añez, a consecuencia de una pugna con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el marco de las investigaciones que realizaba la Procuraduría sobre la compra de los agentes químicos y las observaciones de  privatización de ENDE.

El documento circuló horas después que el Gobierno notificara su cambio. Sin embargo, Cabrera ya tenía terminada la investigación, identificando el nivel de responsabilidad de los funcionarios en la cadena administrativa a nivel del Ministerio de Salud, la empresa proveedora, el intermediario y el organismo financiador.