Caso Fraude: Fiscalía afirma que investigación continúa y fallo sobre Héctor Arce pasa al TCP

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, afirmó este lunes que la investigación del caso Fraude electoral I está en marcha y que la resolución que anula la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia, Héctor Arce, fue remitida en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

"Aclarar que esto deviene de una acción constitucional, una acción de libertad interpuesta por la defensa de Arce, no tiene recurso de apelación; por procedimiento, la resolución del juez va en consulta al Tribunal Constitucional", apuntó.

Explicó que el Ministerio Público, en el marco del respeto a la legalidad y objetividad, se regirá en el procedimiento jurídico y obedecerá las decisiones constitucionales.

Agregó que la comisión de fiscales analizará los alcances de la determinación del juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, pero –dijo– eso no significa que se paralizará el proceso.

Por el contrario, aseguró que el Ministerio Público seguirá con la investigación dentro del caso Fraude electoral I, donde el excandidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, es el denunciante.

En este caso son investigados el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y varios exministros, entre ellos Héctor Arce Zaconeta y Juan Ramón Quintana, quienes están asilados en la residencia de la embajada de México, en La Paz.

Arce Zaconeta fue implicado en el fraude electoral el 20 octubre del año 2019 por manipulación informática, ya que según el cuaderno de la investigación obligó a los funcionarios del Viceministerio de Transparencia a trabajar 48 horas, día y noche, en la falsificación, manipulación y la adulteración de actas de votación.

Sobre el anuncio del presidente electo, Luis Arce Catacora, de entregar salvoconductos a las exautoridades refugiadas en la residencia diplomática mexicana, el fiscal afirmó que “no depende” del Ministerio Púbico, pero avisó que “la tramitación de un salvoconducto no establece que no haya procesos”. “Actuaremos de forma objetiva”, agregó.