El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, informó este martes que su despacho realiza investigaciones e instruyó realizar acciones sobre las denuncias de presunta apropiación ilegal de dos predios rurales en Santa Cruz que juntos equivaldrían a las áreas urbanas de los municipios de El Alto y Cochabamba, respectivamente, por parte de una empresa ligada al exministro Branko Marinkovic y su familia.
Informó que en el caso del predio Laguna Corazón, ubicado en la provincia Guarayos, se cometieron irregularidades en el proceso de saneamiento a partir de expedientes “forzados” con ubicación irreal ya que estas tierras se encuentran sobrepuestas a la Reserva Forestal Guarayos.
“La superficie de la propiedad Laguna Corazón, si hacemos una comparación física, es semejante al área urbana de la ciudad de Cochabamba, para que nos demos cuenta el tamaño de la superficie más o menos que estaría en manos de una empresa privada”, explicó el ministro.
La autoridad instruyó “realizar las acciones que correspondan conforme a normativa también con el fin de precautelar nuestros bienes del Estado”.
Indicó que el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) deberá asumir las acciones legales que correspondan.
“No puede ser que una resolución administrativa sea superior a una Sentencia Agraria Nacional”, cuestionó Cáceres en el caso de la propiedad denominada Tierras Bajas, cuya superficie comparó con la de El Alto.
En pasados días, la Fundación Tierra denunció el caso de las 33 mil hectáreas consolidadas a favor de la familia Marinkovic, en dos predios: Tierras Bajas del Norte, de 21 mil hectáreas, y Laguna Corazón, de 12 mil hectáreas.
“De verificarse estos hechos, habría un agravante de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, que podrían ser calificadas como delitos por los Artículos 146 y 147 del Código Penal, dado que Branko Marinkovic ejerció el cargo de Ministro de Estado en el gobierno de (Jeanine) Áñez, tiempo en el que dichas tierras fueron reguladas a favor de su entorno familiar y exceden el límite constitucional establecido en 5.000 hectáreas”, señaló un comunicado de la entidad no gubernamental.
