CC propone consejo de notables y referéndum para elegir a autoridades judiciales y fiscales

La alianza de oposición también sugiere destinar el 2% del presupuesto general del Estado para el funcionamiento del Órgano Judicial y la Fiscalía

La bancada de Comunidad Ciudadana en una conferencia de prensa. La bancada de Comunidad Ciudadana en una conferencia de prensa. Foto: Prensa CC

CORREO DEL SUR con datos de ANF
Política / 30/11/2020 19:12

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el jefe de la bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, presentaron este lunes una propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), destinada a modificar la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial.

Reforma a la Constitución

La reforma planteada es parcial y específica, y modificaría los artículos 162, 178, 182, 187, 188, 194, 197, 198, 199, 227 y 228 de la Carta Magna y no requeriría de una Asamblea Constituyente, sino de un referéndum aprobatorio.

"El artículo 411 parágrafo II de la CPE establece que la reforma parcial podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20 por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa", aclaró Alarcón, jefe de bancada de CC.

Consejo y referéndum

En la propuesta, CC plantea la creación de un Consejo Ciudadano de Notables conformado por representantes de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos. Su organización y funcionamiento serían definidas por la Comisión Mixta de Constitución y deberá respetarse la equidad de género.

Este Consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado y Fiscales Departamentales, y presentar una terna a la ALP para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados.

La lista de seleccionados se remitiría a la ALP que designaría a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y, la ciudadanía, mediante referéndum, aprobaría o rechazaría en dos planchas, la de jueces y la de fiscales, estas designaciones.

“En el referéndum se votaría por plancha en dos listas, en la lista de jueces y fiscales. Si están bien trabajadas, tendrían que ser ratificadas por el referéndum; si (el consejo y los asambleístas) hicieron un mal trabajo, se rechazan y se hace un nuevo proceso de designación”, explicó Alarcón.

Dos tercios y presupuesto

La alianza de oposición propone además incluir en el artículo 162 de la CPE, un párrafo que especifique que se requerirán dos tercios de votos de los legisladores presentes en la respectiva Cámara, en los 11 temas que, por la modificación de los reglamentos de Senadores y Diputados decidida por la anterior asamblea, hoy precisan solo de la mayoría simple.

Asimismo, en la propuesta de CC se señala que "en caso de que una sola organización política o alianza tenga dos tercios de Diputados o Senadores, se requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos".

Otra modificación señala que se garantizará al sistema judicial y fiscal, en su conjunto, por lo menos el 2% del presupuesto general del Estado para su funcionamiento. Del mismo modo plantea la creación de una partida específica presupuestaria para la infraestructura y funcionamiento de la jurisdicción indígena originario campesino, que será administrada y ejecutada por sus propias autoridades.

Finalmente, Alarcón explicó que esta propuesta será debatida con las organizaciones sociales y políticas en todos los departamentos del país y se recogerán las sugerencias y aportes para enriquecerla y posteriormente remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate o para gestionarla a través de una iniciativa popular.

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