Cruz ve desconocimiento de Creemos tras denuncia sobre despenalización del aborto

Al recordar normativa internacional, la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, respondió a los legisladores de la bancada Creemos, que cuestionan su postura respecto a la interrupción del embarazo, y ratificó que agotará las vías naciones e internacionales para que el Estado proteja a las niñas, adolescentes y mujeres vulneradas en sus derechos.
Cruz advirtió que las declaraciones de los diputados de la alianza Creemos muestran un total desconocimiento de la Constitución, la Ley N° 870, del Defensor del Pueblo, los estándares internacionales en derechos humanos y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 206/2014; asimismo, observa una errónea interpretación del contenido y de las determinaciones del Informe Defensorial "Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como Derecho Humano de las Mujeres".
Las declaraciones de Cruz se dan luego de que legisladores de Creemos denunciaron este jueves que promueve, a través de actuados defensoriales, la despenalización del aborto en Bolivia.
El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, adelantó que oficializarán su pedido de la elección de un nuevo defensor o defensora del Pueblo porque consideran que Cruz usurpa funciones.
La defensora rechazó las declaraciones de los diputados y dijo que pretenden situar como delincuentes a niñas, adolescentes y mujeres que, por violación, incesto, estupro o cuando su vida y salud corre peligro, deciden interrumpir un embarazo, toda vez que las mismas son víctimas y el Estado, incluida la Asamblea Legislativa Plurinacional, deben garantizar su protección.
Remarcó que "la Sentencia Constitucional 206/2014 garantiza la Interrupción Legal del Embarazo en los casos de violación, incesto, estupro o cuando la vida y la salud de la mujer corre peligro, causales que están admitidas en el Código Penal, por lo que, conforme a instancias internacionales, el impedir el procedimiento de la interrupción del embarazo en los casos citados, en especial cuando se encuentren involucradas niñas o adolescentes, afectaría gravemente su integridad personal e, incluso, se consideraría como un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante en contra de esta población en situación vulnerable".
También pidió a legisladores de Creemos que ajusten su trabajo a las recomendaciones realizadas al Estado de Bolivia por parte del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (2013), del Examen Periódico Universal (2019), del Comité de la CEDAW (2015 y 2018), así como a la jurisprudencia de la Corte IDH referente a embarazo forzado, tortura y violencia contra la mujer.
Aclaró que la elaboración del informe es producto del análisis de requerimientos de informes escritos solicitados a diferentes instituciones públicas a nivel nacional, así como de visitas a establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, donde se identificó el incumplimiento de la SCP 206/2014 y brechas en la aplicación del procedimiento técnico de la Interrupción Legal del Embarazo, producto de la falta de infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos.
Cruz afirmó que la Defensoría del Pueblo, entre 2015 y 2019, registró 32 casos relacionados a Interrupción legal del embarazo en el marco de la SCP 206/2014, en los que se evidenció vulneraciones de los derechos humanos. Este trabajo continuará en la misma línea, aun cuando la Asamblea Legislativa sea parte de los victimarios, anunció.