Conade propone “cacerolazo” para expresar rechazo a dos leyes nacionales
Según el dirigente Manuel Morales, la protesta es contra las leyes de Emergencia Sanitaria y el decreto presidencial de indulto y amnistía
El dirigente de Conade Manuel Morales promueve una protesta. Foto: Erbol El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) planteó que el 21 de febrero se pueda desarrollar un "cacerolazo" en todo el país como medida de protesta en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria y el decreto presidencial de indulto y amnistía.
En esta ocasión, debido a la pandemia del coronavirus que golpea al país en una segunda ola, las personas podrían participar de esta movilización desde sus casas para evitar el riesgo de contagio del virus.
“Queremos plantearnos un cacerolazo a nivel nacional porque la gente, si bien no puede salir a movilizarse, si está en condiciones de hacer un cacerolazo de protesta desde su ventana, desde la puerta de su casa, la calle o la esquina de su casa, entonces, es una medida que se ajusta para reclamar esas dos leyes”, sostuvo el dirigente Manuel Morales.
La fecha de la convocatoria, según el dirigente del Conade, es “emblemática” ya que se recuerda que en 2016, a través de un referéndum, se rechazó la reforma constitucional para habilitar una nueva repostulación presidencial.
La Ley de Emergencia Sanitaria aún no fue promulgada por el presidente Luis Arce tras haber sido sancionada en el Legislativo. El Colegio Médico de Bolivia rechazó la norma y pidió realizar ajustes pero el ministro de Salud, Jeyzon Auza, descartó el pedido y dijo que se podría dialogar solo para la reglamentación.
El decreto presidencial de amnistía e indulto fue aprobado el 12 de febrero en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la mayoría. La norma busca restablecer los derechos de personas procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante los conflictos sociales suscitados entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
La oposición cuestionó la norma porque permitiría que personas afines al MAS se librarían de los procesos que se les fueron abierto por diferentes delitos. Uno de los beneficiados podría ser el expresidente Evo Morales quien enfrentaba varios procesos como terrorismo y sedición.
