Paro médico: El Gobierno afirma que el 69% de los centros trabaja con normalidad

El Gobierno informó este sábado que el 69 por ciento de los centros médicos del país trabajan con normalidad, por lo que calificó como “un fracaso” el paro médico convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“El 69% de los centros médicos de nuestro territorio nacional no están acatando este paro (…) Este 69 por ciento está trabajando con completa normalidad”, aseguró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa.

Agregó que “esta es una gran noticia para el pueblo boliviano, porque tanto médicos como sociedad civil entendieron la situación de emergencia de salud en la que nos encontramos y decidieron continuar con sus labores cotidianas”.

En ese marco, felicitó a “a todos y cada uno de los médicos comprometidos con su pueblo y su profesión”.

“Ayer el pueblo boliviano se dio cuenta que el paro médico, con estas características señaladas, fue un fracaso”, agregó Del Castillo.

Según el reporte del Ministro, Pando y Beni no acataron ayer el paro, y la atención en los hospitales de las ciudades de El Alto, Tarija, La Paz, Cochabamba fue normal.

Del Castillo defendió la Ley de Emergencia Sanitaria promulgada por el presidente Luis Arce y explicó que esta “protege a la población, evita la mercantilización de la salud, regula los precios de los medicamentos y los precios de las clínicas privadas”; también “impide que las clínicas privadas exijan depósitos previos” para atender a sus pacientes y “evita que, en esta pandemia, se suspendan los servicios sanitarios en todo el país”.

De Castillo calificó como “pequeños sectores, con fines electorales y políticos”, a los promotores del paro médico.

No obstante, agregó que “estamso predispuestos a escuchar a todos los sectores médicos”.

Por último, dijo que el 24 de febrero comenzará una nueva fase de vacunación en el sector médico.

El Conasa declaró el 18 de febrero un paro general hasta el 28 de febrero en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria promulgada por Arce. El sector considera que la norma es inconstitucional.