Política

Human Rights Watch dice que decreto de Amnistía permite "impunidad" y sugiere reformar la norma

La organización se refirió al decreto presidencial aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en febrero de 2021

Human Rights Watch dice que decreto de Amnistía permite "impunidad" y sugiere reformar la norma
Human Rights Watch (HRW) se refiere al decreto de Amnistía que derivó a partir de los hechos registrados a finales de 2019. ARCHIVO

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) sostiene que el decreto presidencial Amnistía e Indulto Humanitario aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en febrero de 2021 permite la “impunidad” por delitos graves y abusos.

“Existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de Añez persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”.

El informe señala que el decreto otorga una amnistía genérica o indulto a personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno anterior, encabezado por la presidenta interina Jeanine Añez, por delitos que tengan “relación directa” con la “crisis política” que se inició en octubre de 2019, según dice el texto. “Parece haber sido diseñado para favorecer a partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno”, precisa.

La organización recomendó al Gobierno “reformar de inmediato el decreto para cerciorarse de que los responsables de delitos graves, sean o no simpatizantes del MAS, respondan por esos hechos. Asimismo, plantea que los legisladores, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de entidades territoriales autónomas deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Considera que, en vez de una amnistía genérica para las personas procesadas en el gobierno de Añez, el gobierno de Arce debería promover el control judicial caso por caso. El Fiscal General debería realizar un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas en casos contra exmiembros del gobierno de Morales y sus partidarios, y pedir que los jueces desestimen los cargos en los casos en que las pruebas no respalden las acusaciones, o cuando los cargos sean desproporcionados en relación con la presunta conducta delictiva.

Los fiscales y los jueces también deberían analizar si se respetó el debido proceso en todos los casos y, si hubo violaciones, aplicar las medidas de reparación previstas en el derecho boliviano, lo que incluye desestimar los procesos penales cuando las violaciones del debido proceso hayan sido particularmente graves.

Observa la ambigüedad del lenguaje del decreto que permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en que se puede aplicar la amnistía o el indulto. Esto resulta particularmente problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo, señaló Human Rights Watch.

Después de que una persona presente un pedido, esas instituciones oficiales contarán con tan solo tres días hábiles para revisar el caso y tomar una decisión, lo cual constituye un período extremadamente breve para realizar un análisis completo de los casos.

Como resultado de este decreto, podrían concederse amnistías en casos de quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS, tal como lo documentó Human Rights Watch en un informe de septiembre de 2020.

El decreto otorga amnistía a personas “que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro de la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”, hace referencia la organización.

Otro artículo prevé el otorgamiento de indulto a personas condenadas por delitos “que tengan relación directa” con esos mismos conflictos sociales, aunque el decreto establece que determinados delitos graves quedan excluidos de la posibilidad de obtener un indulto.

El decreto no ofrece ninguna explicación sobre cuáles son los delitos durante el gobierno de Añez que debería considerarse que tienen “una relación directa” con esos conflictos sociales.

Si bien el decreto hace referencia, de manera genérica, a la “franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales” como justificación para la amnistía o el indulto, no establece ningún mecanismo ni criterio que permita determinar si se violaron esos derechos en casos específicos. Por tanto, existe el riesgo de que la amnistía y el indulto se apliquen de una manera amplia a casos en los que no hubo violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.

Otras partes del decreto sugieren que cualquier persona que haya sido procesada durante el gobierno de la expresidenta Añez por actos que hayan tenido lugar durante protestas sociales fue víctima de una violación de derechos humanos.

El preámbulo establece que, aun cuando “los hechos ocurridos recientemente en la etapa de crisis política e institucional, formalmente pueden interpretarse cómo delitos …, resulta evidente que los mismos no respondían a la intención de cometer una infracción; más al contrario expresaban una protesta social en defensa de la democracia y la garantía de los derechos civiles y políticos”. El decreto señala que el juzgamiento de tales actos por parte del gobierno anterior ha configurado una “evidente persecución política”, interpreta HRW.

Otro artículo establece que el objetivo del decreto es “restablecer los derechos civiles y políticos” para aquellas personas que fueron procesadas “como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

“El decreto puede transformarse en un sistema de justicia selectiva, que permita al gobierno conceder una amnistía a simpatizantes que han cometido delitos graves o abusos y, simultáneamente, juzgar a opositores por delitos similares”, señaló Vivanco. “En vez de ello, los fiscales y jueces deberían analizar todos los casos, aplicar medidas de reparación si existen violaciones al debido proceso, desestimar los cargos que carecen de pruebas o son desproporcionados, y permitir que el resto de los casos continúe su trámite”.

Violencia y violaciones de derechos humanos relacionadas con las elecciones

El entonces presidente Evo Morales, miembro del MAS, generó controversia al postularse para un cuarto mandato el 20 de octubre de 2019. Denuncias de fraude electoral —que en la actualidad han sido cuestionadas— encendieron protestas en todo el país. “Morales fue obligado a dimitir el 10 de noviembre de 2019, luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le pidieran que dejara el cargo”. Dos días después, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió como presidenta interina. El 18 de octubre de 2020 volvieron a celebrarse elecciones presidenciales, y Luis Arce, el candidato del MAS, resultó vencedor por un amplio margen.

El decreto se aplica a causas penales por hechos acaecidos entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.

En los días previos y posteriores a la dimisión de Morales, 35 personas fueron asesinadas y más de 800 resultaron heridas en el contexto de protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo, un órgano estatal independiente encargado de proteger los derechos humanos. Otra víctima falleció algunos meses después a causa de las heridas sufridas.

De las 36 personas que murieron, al menos 21 eran partidarios del MAS que recibieron disparos durante las protestas en Sacaba, Senkata y Betanzos en noviembre de 2019. Los testigos señalaron que fuerzas de seguridad habían abierto fuego contra los manifestantes en los tres casos.

Durante el gobierno de Áñez hubo escasos avances en la investigación de esos asesinatos. En cambio, el gobierno se centró en promover investigaciones penales contra partidarios de Morales por presuntos delitos como sedición y terrorismo. En un informe de septiembre de 2020, Human Rights Watch documentó casos de cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva en procesos que impulsaba el gobierno interino, los cuales parecían obedecer a una motivación política.

Uno de ellos fue la causa por terrorismo contra Morales, que, según concluyó Human Rights Watch, no incluía ninguna evidencia de que el expresidente hubiera cometido actos terroristas. Human Rights Watch señaló, al emitir su informe, que los fiscales debían retirar las acusaciones de terrorismo presentadas en su contra.

El decreto establece que “los hechos ocurridos recientemente en la etapa de crisis política e institucional, formalmente pueden interpretarse como delitos tipificados en el Código Penal”, pero esto no necesariamente es cierto. Human Rights Watch halló casos de procesamiento penal de personas por la sola razón de haber tenido contacto telefónico con Morales o por ejercer su legítimo derecho a la libre expresión. Esas personas no deberían recibir una amnistía, que implica el reconocimiento de la comisión de un delito, sino que los fiscales deberían retirar esos cargos y los jueces deberían desestimarlos.

Sin embargo, no todos los casos fueron infundados. Algunos partidarios de Morales presuntamente cometieron delitos graves en octubre y noviembre de 2019.

Por ejemplo, dos manifestantes contrarios a Morales perdieron la vida al ser alcanzados por disparos, presuntamente efectuados por partidarios del MAS, en la localidad de Montero, cerca de Santa Cruz. En Playa Verde, Vila Vila y Caracollo, en el recorrido de la carretera que une Oruro con La Paz, supuestos partidarios del MAS atacaron autobuses que transportaban a opositores a Morales a manifestaciones en la capital, según dijeron a Human Rights Watch 14 testigos y víctimas.


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