P. Tras las detenciones de exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la tensión que se ha generado, ¿piensa que el Gobierno está atravesando un momento crítico en el plano político?
R. Desde el punto de vista sociológico y desde la perspectiva del Gobierno, aquel no fue un gobierno transitorio, fue un gobierno inconstitucional, un gobierno producto de la interrupción de la secuencia constitucional y que configuró un gobierno de facto.
(…) Es una muestra de la ilegitimidad del Gobierno, los hechos de Senkata y Sacaba, Pedregal, zona Sur de La Paz, etc. Aquí hay dos elementos centrales: ¿Quiénes son responsables de haber interrumpido la secuencia constitucional y después quiénes son responsables de los hechos que acabo de mencionar y haber producido 37 muertos, 800 heridos, más de 1.000 detenidos de forma injusta, muchos de los cuales siguen aún en la cárcel? Esto tiene que tener un cierre institucional, no es posible para un Estado poder avanzar en sus políticas de desarrollo, pacificación si no se cierran esos hechos.
Por supuesto, quienes estuvieron involucrados están poniendo en la mesa de discusión o intentan modular los debates para hablar de reconciliación, dar vuelta la página y dejar de lado lo ocurrido en noviembre de 2019, pero eso no es posible. Los países encuentran paz una vez que han superado hechos traumáticos; eso tiene que cerrarse, no puede quedar como un hecho anecdótico. Los sectores que participaron buscan crear un ambiente donde libran la batalla de la persecución política, pero hay que mirar a las familias que perdieron vidas y el Estado está en la obligación de decirles algo.
No es un momento difícil, hablando políticamente, es un momento de tensiones porque nuevamente las polaridades (…) irresueltas casi desde los inicios de la república en 1825 están nuevamente confrontadas. Lo de noviembre de 2019 profundiza ese cisma y esa polaridad social (…) Nuevamente estamos en un punto crítico, pero no podemos pasar por alto dos elementos: primero, que a cualquier persona, grupo social, partido político, actores políticos se les ocurra que pueden cambiar un presidente por fuera de lo que significa la institucionalidad democrática (…) y segundo, que cuando en el país se produzcan muertes o masacres, esto no puede quedar como un evento de inestabilidad de un fin de semana porque si no el riesgo es de que estos modelos se repliquen.
P. ¿Por qué no se está investigando primero este proceso y sí el de supuesta sedición y terrorismo?
R. Se han presentado las demandas para juicio de responsabilidades. Estamos en una etapa de investigación de la primera demanda, que es una iniciativa de la señora Lidia Patty, una iniciativa en la lógica del golpe de Estado. El juicio de responsabilidades ya es un escenario de responsabilidades en el ejercicio de funciones de la expresidenta Áñez. Son escenarios diferentes, pero no importa cuáles vinieron antes o después.
P. Usted sostuvo que hubo confusión cuando se reconoció la transitoriedad del gobierno de Jeanine Áñez, y el presidente Luis Arce dijo que fueron engañados.
R. No es una confusión del gobierno. Esa fue una declaración del entonces candidato Luis Arce Catacora cuando le preguntaron y dio una opinión de esas características.
Lo que ha generado confusión y poca claridad fue el comunicado del Tribunal Constitucional. Ahí hay que detenerse. La señora Áñez, el 12 de noviembre, en un hecho administrativo legislativo toma posesión de la Presidencia del Senado haciendo una interpretación particular del artículo 41, que no le señala funciones específicas para ser presidenta del Senado, sino que tiene funciones operativas y administrativas; esa es la función de la segunda vicepresidencia del Senado. Sin embargo, instala una sesión para comunicar que le corresponde a su persona la Presidencia de la Cámara de Senadores. Con ello, suspende la sesión, porque no tenía quórum, y pasa a presidir la Asamblea Legislativa. Ella toma las funciones de vicepresidente del Estado en funciones y comanda la Asamblea; dice dos cosas: primero, que se han hecho los esfuerzos por reunir el quórum pero que los asambleístas del MAS no quisieron participar. Hace una interpretación de lo que significa el artículo 170 en el impedimento definitivo, esto es que el presidente y vicepresidente del Estado se encontraban ya fuera del país. La Constitución señala que tienes hasta diez días fuera del país, siendo Presidente, sin autorización de la Asamblea Legislativa. Hace una interpretación personalísima del impedimento definitivo y por qué no se van a leer las cartas de renuncia de los dos presidentes. Hace una interpretación solamente la señora Áñez, en su discurso, de que corresponde activar la sucesión presidencial y que le corresponde a su persona. Minutos después de leer ese discurso, se arroga la presidencia del Estado, toma posesión en Palacio Quemado, y aparece, apenas unas horas después, un comunicado, que no tiene fuerza vinculante.
Los autos constitucionales y resoluciones constitucionales son los únicos pronunciamientos que puede tener el Tribunal Constitucional con fuerza vinculante. A pesar de ello, aparece este comunicado que calza de forma absolutamente perfecta en lo que hizo la señora Áñez. A qué me refiero, a un hecho jurisprudencial del año 2001 en relación a la sucesión constitucional del expresidente Jorge Quiroga, con conexión a la Constitución de 1967, porque la sucesión presidencial que normaba la Constitución del año 1994 era la misma que en 1967.
En esta perspectiva, lo que genera confusión es la referencia del comunicado del TC que los actores políticos lo presentan como la validación y el respaldo. Hay que recordar las declaraciones del señor (Luis Vásquez) Villamor, del señor (Samuel) Doria Medina, del señor (Luis Fernando) Camacho, que validan todo lo obrado en la tarde del 12 de noviembre. Después conocimos que este comunicado que tenía una particularidad, decía que la Presidencia le corresponderá al vicepresidente sin necesidad de resolución o ley camaral, esto es para que no se tenga que votar en la Asamblea, era un requisito para ellos porque no había quórum, y si iban a votar los dos tercios le correspondían al MAS porque no iban a consolidar la presencia de la señora Áñez en el Gobierno.
Toman mano de esta jurisprudencia, pasando por alto el artículo 169 de nuestra Constitución y sin quórum, sin tratamiento de las cartas de renuncia, haciendo una interpretación personalísima del artículo 170 de impedimento definitivo. El comunicado aparece a medida de lo que había pedido la señora Áñez y eso se le presenta al país como la legalidad plena de lo que denominaron sucesión constitucional. Esto requería una mayor investigación.
En el caso de mi persona, tuve una entrevista el 13 de noviembre a las 6 de la mañana y en mi entrevista extractaron alrededor de 30 segundos donde dice, solamente desde la perspectiva del marco legal, si tiene connotaciones de legalidad, pero no pusieron la otra parte. Puedo señalar algo: que la literalidad no está en decir si fue o no golpe para avalar un hecho que es histórico y que tiene dimensión nacional, no se reduce a una persona o a un candidato. En esa perspectiva, mi persona siempre ha hablado de que en Bolivia hubo un gobierno no constitucional y que se produjo un golpe de Estado.
P. ¿Se tendría que investigar a los miembros del Tribunal Constitucional?
R. Es un elemento central que se investigue, primero, quién requirió aquel comunicado; segundo, por qué motivos fue emitido. Porque tampoco una persona individual puede pedirle al Tribunal que se pronuncie sobre el control de constitucionalidad. Hay personas específicas que en función de ciertos cargos pueden pedir este control. ¿Quién lo ordenó?, ¿quién lo tramitó?, ¿por qué fue un comunicado y no una resolución? De hecho, el señor Petronilo Flores declaró en aquel momento que no tenía efecto vinculante aquel comunicado. Entonces había una corriente instalada, que es la corriente de la ruptura institucional, que tiene un conjunto de actores que, por supuesto, trató de invisibilizar lo que era en realidad el camino legal de ese pronunciamiento. Habrá que investigar esto, es parte central de cada una de las secuencias que tuvo el golpe de Estado en el país.
P. Usted afirma que, por más incómodo que resulte, habrá que sentarse a dialogar con sectores de la derecha. ¿A quiénes se refiere?
R. En Bolivia la diversidad y plurinacionalidad genera un complejo entramado de problemas, intereses y tensiones que hay que saberlas gestionar. No queda otro escenario que el de saber dialogar. Yo he señalado que estas intenciones hegemónicas desde hace un par de centenas de siglos nos trajeron polaridad, sangre y muerte, y algo que se conoce como la sucesión circular de las elites: unos tiempos unos, otros tiempos los otros.
Hay que modificar esa lógica y generar consensos, reconocimiento de las diferencias. Hoy en día, claramente la oposición tiene dos vertientes: una oposición más dialogadora que viene de la familia de los movimientos sociales y populares, que ocurre acá en la definición de la Gobernación en Chuquisaca; las dos personas que tercian son de la familia de los movimientos populares. Hay otros sectores que tienen inconsistencias democráticas y están anotados en el trajín de la vía política por la vía de la ruptura; esto es claramente la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía de Cochabamba o la Alcaldía de La Paz. Ahí las inconsistencias democráticas son evidentes; sin embargo, son actores políticos. Entre todos ellos habrá que sentarse en algún momento y construir escenarios que posibiliten que el país sea la prioridad de todos y pueda avanzar.
No tenemos agendas, hay que esperar la reconfiguración final de las gobernaciones y, seguramente después de que asuman y empiecen a caminar en la administración de sus gobiernos locales, tendremos que encontrar espacios de diálogo.
P. ¿Es posible hablar de investigaciones de otros hechos de violencia política que ocurrieron antes, por ejemplo de La Calancha?
R. Hay que investigar absolutamente todos los hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019. Y si hay que investigar otros hechos hacia atrás, también se deberá investigar; seguramente en algún momento tenemos que tener algunos cortes para decir que el país necesita pacificarse y tener un futuro de perspectiva. Pero lo que ha significado noviembre de 2019 hay que encontrar las responsabilidades, las autorías, etc.
El otro elemento es la referencia permanente de determinados sectores conservadores al 21F como el eje inicial de lo que se produce y culmina en noviembre de 2019, pero los países, cuando producen crisis políticas, finalmente tienen que optar por una solución política y esta solución política es el rebalanceo de legitimidades. El 21F ha quedado superpuesto por la legitimidad conseguida el 18 de octubre. Estas son las formas pacíficas de poder restablecer las correlaciones de fuerza (…)
P. En esa lógica, cualquier mandatario con amplio respaldo popular en la votación podría sentirse tentado a interpretar o modificar las normas a su antojo…
R. No se puede sentir tentado, la única que se sintió tentada a modificar las normas a su antojo fue la señora Áñez que hizo, en un discurso ante el país, una interpretación personal del reglamento del Senado, de la Asamblea, la Constitución con las cláusulas de la sucesión constitucional. Lo otro está dentro del marco institucional.
A continuación la entrevista completa realizada el martes 6 de abril y publicada en la edición impresa el miércoles 7 de abril.
