Alcaldías de siete ciudades capitales advierten “compleja situación financiera” por recortes del Gobierno

A casi una semana de dejar sus cargos a las autoridades electas, los alcaldes de siete ciudades capitales del país emitieron un comunicado sobre la situación financiera que atraviesan los gobiernos municipales.

“A partir del 2015-2016 por efecto de la baja de los precios internacionales del petróleo y otras políticas públicas aplicadas desde el Gobierno central, se inició una sostenida afectación a las economías locales”, reza el documento, que expone las dificultades que deben sopesar las entidades autónomas en diferentes áreas.

Señala que los gobiernos municipales registraron un déficit de aproximadamente Bs 6.000 millones en 2020, con reducciones de Bs 2.000 millones en transferencias de coparticipación tributaria, Bs 1.000 millones en transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Bs 1.000 millones de recursos propios y de 1.200 millones de la inversión pública, entre otras.

Para este año, los presupuestos de las alcaldías –según el documento– son casi la mitad de lo que fueron en 2014: “La renta petrolera cayó en casi tres cuartas partes (75%) de lo que llegó a ser en su momento pico, la coparticipación tributaria es un 20% menor a la del año pasado y los recursos propios difícilmente alcanzarán lo proyectado porque seguimos en un momento de crisis económica y sobre todo pérdidas de empleos”.  

El pronunciamiento lleva las firmas de los burgomaestres de los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cochabamba, Tarija y Sucre, quienes apuntan al pacto fiscal, en el marco de la Ley 031 o Marco de Autonomías, como la salida a la situación adversa de sus municipios.

“Sería esta la instancia que enfrente y subsane los desequilibrios horizontales y verticales que están impidiendo a los gobiernos autónomos municipales cumplir cabalmente con el nuevo catálogo competencial, establecido en la CPE (Constitución Política del Estado) y de la creciente demanda ciudadana”.

Recuerdan que, en las etapas preliminares del diálogo del pacto fiscal, hicieron “hincapié en la necesidad de construir un nuevo modelo de distribución de recursos”, y que sufrieron “grandes recortes” de recursos para cubrir obligaciones del Gobierno nacional como el Fondo de la Renta Universal de la Vejez, el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriota, el bono mensual para personas con discapacidad y el Fondo de Promoción y Exportación Hidrocarburífera, entre otras.

Asimismo, reclaman que el nivel central no cumplió con el financiamiento de los recursos humanos para los centros de salud de primer y segundo nivel, por lo que los gobiernos municipales tuvieron que destinar recursos para “no dejar en indefensión de salud a la población”.

“En conclusión, se aumentaron responsabilidades en materia sanitaria para los gobiernos municipales, sin incrementarles recursos financieros ni cumplir con las competencias asignadas al nivel central en lo que se refiere a la dotación y financiamiento de recursos humanos en la atención de salud”, señala el pronunciamiento.

Agregan que por la pandemia del covid-19, los gobiernos municipales tuvieron que destinar sus escasos recursos a la detección temprana, centros de aislamiento, atención y tratamiento hospitalarios, contrataciones y dotación de insumos a la Policía y Fuerzas Armadas, entre otros aspectos.

Además del pacto fiscal, las autoridades municipales citan otras sugerencias como la creación del “fondo para la atención del déficit de transferencias”, la suspensión temporal del límite de gasto de funcionamiento, la revisión del sistema tributario de las ETAs (Entidades Territoriales Autónomas) y de los descuentos a los municipios para la Renta Dignidad, Fondo Cívico, Seguridad Ciudadana y bono de personas con discapacidad, además del pago de sueldos al personal de salud.