CC pide a la CIDH un pronunciamiento de rechazo al fallo del TCP sobre reelección
La alianza plantea al organismo internacional reconocer que el TCP vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la sentencia que avala la reelección indefinida
Comunidad Ciudadana (CC) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie en contra de la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita la reelección indefinida.
La alianza opositora tomó esa decisión después de conocerse que el TCP rechazó una demanda de nulidad contra la sentencia emitida en 2017, con la que se suspendieron cuatro artículos de la Constitución Política del Estado que limitan la cantidad de reelecciones de autoridades ejecutivas.
Con su petición, CC plantea a la CIDH reconocer que con esas decisiones del TCP se vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que en el referendo de 2016 se ratificó la vigencia del artículo 168 de la Constitución, que establece el límite de una reelección para el presidente.
Además, los opositores pidieron al organismo internacional que se implemente por el Estado boliviano un mecanismo o procedimiento oportuno y eficaz para revertir los efectos de sentencias constitucionales, cuando la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaren que el contenido de las mismas es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El oficialismo ve desesperación
Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado Juanito Angulo consideró que la petición de CC es una medida “desesperada”. El legislador oficialista consideró que el TCP no ha vulnerado ninguna normativa.
“El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos claramente establece los derechos políticos para todos los ciudadanos y ciudadanas para ser elegido o elegir, con ese caso se ha determinado con el favor de nuestro hermano Evo Morales en 2017”, enfatizó.
Consideró que el referéndum de 2016 forma parte de “otro escenario” y ratificó que la decisión del TCP de 2017 es “otra figura jurídica” que se ajusta a la Constitución Política del Estado.