La alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentó este lunes un proyecto de ley denominado “Defensa de la Democracia y de Resistencia contra la Tiranía y la Opresión”, cuyo objetivo es que se sancione con 30 años de cárcel al gobernante que pretenda mantenerse en el poder vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), el voto o cometiendo fraude electoral.
El jefe de bancada, Carlos Alarcón, explicó que el proyecto surge porque el MAS pretende promover la versión del “golpe de Estado”, incluso con la iniciativa de modificar la norma sobre amonitamiento cuando, en criterio de los opositores, el que vulneró la Constitución para quedarse en el poder fue Evo Morales.
El proyecto de CC plantea que perderán su legalidad y legitimidad los gobernantes que utilicen cualquier medio para quedarse en el ejercicio del poder, “en contra de los límites y plazos de su mandato constitucional, desconociendo la decisión soberana del pueblo expresada en un referendo o elección, o realizando fraude electoral”.
Según la propuesta, los gobernantes que incurran en esa práctica serán sancionados con la pena establecida para los delitos de traición a la patria, que es 30 años de cárcel.
Asimismo, el proyecto plantea la creación de la figura de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, para que gobernantes que incurran en ese delito tengan esa sanción de años sin derecho a indulto.
El texto señala también que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana deben defender por medios necesarios y proporcionales a la resistencia ciudadana cuando un gobierno pierda su legalidad y legitimidad.
Alarcón indicó que con esta figura se pretende que las Fuerzas Armadas y la Policía protejan a la Constitución y la democracia, pero no así a una persona. Dijo que eso mismo ocurrió en 2019.
También se propone que la organización política, a la que pertenezcan los gobernantes que quebranten el orden constitucional y democrático, perderá su personalidad jurídica.
De parte del MAS, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló que toda la acción de la Policía y FFAA está estipulada en la Constitución y sus normas internas que se deben cumplir; sin embargo, indicó que toda iniciativa será evaluada para definir si es viable.
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