La expresidenta Jeanine Áñez envió este martes una carta dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitarle una audiencia en la que pueda exponer su caso. En ella afirma que no cometió “ningún delito” y que su encarcelamiento responde a una “decisión política” del presidente Luis Arce.

“Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia para que mi hija, Carolina Ribera Áñez, participe en representación mía, toda vez que a la fecha me encuentro privada de libertad en la ciudad de La Paz, por una decisión política del actual presidente de Estado, Luis Arce Catacora", consta en la carta, a la que tuvo acceso Página Siete.

“Por el riesgo que corre mi vida, solicito esta audiencia con su autoridad para que mi hija pueda demostrar documentalmente (...) los motivos por los cuales debo ser liberada y así poder enfrentar todo proceso instaurado en respeto de mis derechos humanos, en mi condición de mujer y exmandataria de Estado”, reza el texto más adelante.

En la misiva –que fue firmada el 19 de julio y cuenta con el sello de Naciones Unidas de este martes 20– Áñez sostiene que cumplió con su “deber constitucional” como segunda vicepresidenta del Senado y explica que en 2019 el país se encontraba inmerso en un “clima de convulsión social, que repercutió en un vacío de poder”.

“Señalan que supuestamente me 'autoproclamé' como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y por ende se me acusa de ser autora de un supuesto 'golpe de Estado' en fecha 12 de noviembre de 2019 contra el señor Evo Morales, juzgándome en esa instancia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que al presente no han sido demostrados ya que no he cometido ningún delito, ni antes ni después de asumir mi mandato”, sostiene.

Jeanine le dice a Bachelet que el Gobierno actual activó una “persecución judicial” en su contra “haciendo uso de su poder político y quebrantando la independencia del órgano judicial”. Además acusa a las autoridades de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia y defensa efectiva, y de pasar por alto su estatus de expresidenta constitucional.

Del mismo modo, reitera que en abril padeció una “infección severa” que afectaron a sus riñones, por las precarias condiciones de servicios e higiene de los recintos penitenciarios del país y que por eso pidió varias veces ser trasladada a un centro de salud para recibir un tratamiento adecuado y oportuno, pero no tuvo respuesta positiva.  

En ese sentido, señala que sigue latente el peligro de que sufra un accidente cerebrovascular o paro cardiaco por el cuadro de hipertensión arterial que padece.

“Mientras tanto, el Gobierno sigue activando más procesos penales en mi contra, los cuales si bien siguen siendo incongruentes, carentes de toda objetividad y respeto a mi anterior investidura, evidencian el carácter indolente e inhumano de asegurar mi encarcelamiento”, afirma la exjefa de Estado del gobierno transitorio.

Desde el 13 de marzo, está detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por los hechos de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales. Su Defensa presentó diversas solicitudes de cesación a dicha detención preventiva, pero todas fueron negadas.