GIEI detectó “violencia selectiva” contra indígenas y “desprecio” a símbolos como la whipala
Su informe señala a la Policía Boliviana, a trabajadores del área de la salud, a los líderes cívicos de entonces Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y también a autoridades del gobierno de Jeanine Áñez
Durante la crisis poselectoral de 2019, los hechos violentes tuvieron un “componente significativo de discriminación, intolerancia y violencia racial”, que reavivó los problemas históricos de identidad en Bolivia, según detectó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los especialistas dedicaron un segmento del informe al “racismo y desprecio de símbolos indígenas”, identificados tanto en los conflictos posteriores a las elecciones generales de 2019 como en el gobierno de Jeanine Áñez.
“El GIEI reconoce múltiples actos de discriminación contra los pueblos indígenas en el periodo analizado (1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019). Estos se concretaron en violencia selectiva contra miembros de pueblos y comunidades indígenas, persecución específica de personas indígenas en posiciones de autoridad, insultos y epítetos racistas, incluso por parte de representantes de las autoridades, y ataques a símbolos de identidad, como a la wiphala o el vestido indígena”, señala la parte central de conclusión del capítulo de racismo.
CAMACHO Y PUMARI
El Grupo destaca los principales actos de racismo y discriminación en los que no solo se ven involucrados los sectores movilizados sino también la Policía Boliviana, trabajadores del área de la salud, líderes cívicos de entonces, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de autoridades del gobierno de Áñez.
En la “cronología de actos de racismo en los conflictos de 2019”, los especialistas señalan hechos de violencia como los que sufrieron la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y la esposa y la hija del secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en Potosí; agresiones con gritos de “collas de mierda”.
“Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata”, dice el GIEI.
RECONOCIMIENTOS AL MAS
En el contexto de su trabajo, el informe destaca que “la identidad indígena y la exclusión fueron fundamentales en el proyecto político del partido MAS-ISP (sic) y en la elección de Evo Morales como presidente. Este último, que asumió el cargo en 2006 y fue elegido como el primer presidente indígena en los 500 años de historia del país, hizo hincapié en sus raíces y abrió un espacio para la participación indígena tras siglos de exclusión de la toma de decisiones (…)”.
Más adelante, señala que los pueblos indígenas se han beneficiado con políticas del gobierno del MAS “a través de un mayor gasto social y una notable reducción de la pobreza”.
PROMOCIÓN DEL CRISTIANISMO
Sobre la administración transitoria de Áñez, los expertos indican que “las acciones iniciales del gobierno interino, como la eliminación de la wiphala de los espacios oficiales, la promoción del cristianismo evangélico como norma de orientación del Estado y los discursos racistas, sirvieron para rechazar la identidad, la cultura y la historia indígenas”.
“En el periodo considerado, el GIEI observó numerosos incidentes de racismo que sugieren que ciertos sectores de la sociedad siguen siendo hostiles a la noción de un Estado plurinacional inclusivo”, argumentan a continuación.
Con relación a la wiphala, el documento también reconoce que hubo actos de desagravio y disculpas por parte de la Policía Boliviana.
UNA CUMBRE NACIONAL
Entre sus recomendaciones sobre el racismo, el grupo de expertos menciona realizar una “Cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación”.
Además, diseñar e implementar políticas públicas de largo alcance que sean evaluadas y monitoreadas, con el objetivo de construir consensos sobre el abordaje de la problemática del racismo, y que los líderes políticos y sociales se abstengan de utilizar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización o violencia.