Opositores piden renovar la Fiscalía y la Justicia antes de encarar procesos por los hechos de 2019

El bloque de oposición compuesto por Comunidad Ciudadana, Creemos, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz emitieron este sábado un nuevo pronunciamiento sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a los Derechos Humanos durante los conflictos de 2019.

Los opositores reclaman en el documento que la administración de Luis Arce “no quiere dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe GIEI-CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial”.

“El gobierno de Luis Arce busca mantener la sumisión y dependencia de fiscales y jueces al ejecutivo con objetivos políticos y de represión”, señala una de las partes centrales del pronunciamiento.

Consideran que los cambios en las autoridades de la Fiscalía y el Órgano Judicial se constituyen en el “único camino” para brindar justicia a las víctimas de los hechos violentos de 2019, la paz y la reconciliación de los bolivianos; sin embargo, señalan que el Gobierno nacional no desea ejecutarlos para encubrir incluso a Evo Morales.

“El hecho de que el Gobierno central no haya tomado ninguna acción de destitución del Fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, es la prueba irrefutable de que el estamento político del MAS mantiene un pacto de encubrimiento de Evo Morales Ayma”, señala el pronunciamiento.

La oposición apunta que el informe del GIEI identificó actos de impunidad como los ocurridos en Quillacollo, Vila Vila, Yapacaní, Betanzos y Montero y denuncia que el hecho de desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 generó “violencia, confrontación, resentimiento y muerte a través de su constante discurso de odio, promovió el mayor fraude electoral en la historia de la democracia”.

Argumenta que los procesos penales impulsados por el Ministerio Público son “acciones de linchamiento político-judicial mientras archiva y desestima casos de gente del MAS y de operadores del gobierno mediante un certificado de impunidad o encubrimiento, como lo es el sobreseimiento del caso Fraude Electoral; o simplemente el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto”.

Finalmente, el pronunciamiento de los opositores cuatro recomendaciones:

Que las investigaciones y procesos penales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas el año 2019, se lleven a cabo con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados, con nuevos operadores que garanticen independencia, imparcialidad, transparencia e idoneidad.

Que la detención preventiva, por la forma arbitraria de su aplicación y duración se convierte en un castigo anticipado contrario a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada. Esta medida debe ser la excepción y no la regla. Las personas detenidas deben defenderse en libertad, con la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas que garanticen su presencia en el proceso. Se exige la libertad de los presos políticos, el cese inmediato de las aprehensiones por razones políticas, a los que denuncian corrupción o luchan por los derechos humanos.

Que la única forma de que exista un diálogo plural con actores políticos y sociales para llevar adelante acciones inmediatas de renovación total del Ministerio Público y del Órgano Judicial, pasa por escuchar a todos y abrir una mesa de dialogo con verdadera voluntad política de llegar a acuerdos. Mientras el Ministro de Justicia y el gobierno de Luis Arce no expresen su intención de apertura, se profundizará la crisis de la justicia en Bolivia.

Elevar estas denuncias ante la CIDH como garantes del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional, sobre todo, por el riesgo que existe para todos los bolivianos bajo un Gobierno que no respeta los más elementales Derechos Humanos. Denunciar que las bolivianas y bolivianos no contamos con un sistema de Justicia que defienda al pueblo, al contrario, este se ha convertido en un arma política de Intimidación, persecución y apresamiento.