Política

Marcha llega a San Ramón; Fiscalía cita a declarar a líderes indígenas y cívicos

Para este jueves se prevé una nueva sesión del parlamento indígena

Los marchistas en la localidad de San Ramón. Mercedes Fernández

La marcha indígena cumple este jueves su día 23 en busca de llegar a Santa Cruz. Los representantes de los pueblos originarios del oriente partieron el 25 de agosto de Beni y llegaron el miércoles a San Ramón, donde se prevé una nueva sesión del parlamento indígena y la declaración de algunos de sus líderes ante la Fiscalía.

En medio de banderas y aplausos, los marchistas ingresaron el miércoles a San Ramón, a unos 180 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Los pobladores ofrecieron agua y comida a los movilizados, que caminaron bajo la lluvia unos 20 kilómetros.

La lluvia provocó algunos resfríos entre los niños que participan en la marcha, quienes fueron atendidos por médicos, así como los adultos mayores, que requieren masajes y sueros, reportó la periodista Mercedes Fernández.

Pasaron la noche en un centro de retiro de Caritas y para este jueves tienen previsto una nueva sesión del parlamento indígena.

Además, para esta jornada están citados a declarar en la Fiscalía ocho personas, entre ellas el presidente del comité Cívico de Roboré, Rubén Darío Arias, y Adolfo Chávez, dirigente indígena que participa de la marcha en defensa del territorio.

El fiscal de materia de Roboré, Juan Carlos Crispín, emitió las citaciones para que se presenten a declarar por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa y avasallamientos.

El denunciante es Ronald Crespo Huisa, representante de la comunidad campesina Villa San Lorenzo, quien asegura que fue desalojado de allí mediante amenaza y agresiones físicas.

El líder cívico de Roboré, Rubén Darío Arias, contó que el 14 de abril, junto a autoridades indígenas, se trasladaron a un predio privado donde se habían asentado un grupo de campesinos. Explica que, una vez llegaron al lugar, les pidieron de manera pacífica que se retiren, puesto que no eran originarios y no tenían la autorización de la Comisión Agraria Departamental para habitar en la zona.

Arias dijo que, debido a que los interculturales no abandonaron la comunidad Villa San Lorenzo, distante a 50 kilómetros de Roboré y ubicada sobre la carretera bioceánica, fueron en dos oportunidades a desalojarlos con una comisión de cívicos y dirigentes indígenas.

“Es por estos desalojos que fuimos denunciados por avasallamientos y asociación delictuosa. Nuestra defensa legal presentó un memorial a la Fiscalía solicitando el rechazo de este proceso, porque vimos que no tenía argumentos jurídicos y creímos que se dio curso a este pedido, pero hoy nos sorprendieron con las citaciones para declarar”, señaló el presidente de los cívicos a El Deber.

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