Avanza la ley contra legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo

El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales volvió a enfrentar a oficialista y opositores en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aplicó su rodillo para aprobar con mayoría absoluta la madrugada de este viernes la polémica ley en la Cámara de Diputados, pese a las observaciones de los opositores. La norma pasó al Senado para su revisión. 

La sesión se prolongó por más de 12 horas y concluyó pasadas las 5:00 de este viernes.

El oficialismo defendió que la norma tiene el objetivo de unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con base a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

“En concreto, lo que pretende esta norma es tener un cuerpo normativo que potencie la efectividad en la lucha y sanciones de los delitos contra la legitimación de ganancias ilícitas”, declaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien participó en la sesión de la Cámara de Diputados.

Desde la alianza Creemos Erwin Bazán acusó al MAS de buscar convertir a la UIF “en una unidad de persecución, porque le dará poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras para investigar y perseguir a quien sea, como sea y cuando sea”.

La norma también señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la UIF sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además, debe emitir la información que la entidad estatal requiera para fines investigativos sin orden judicial.

Con la ley, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro deben entregar información sobre sus actividades.

Desde Comunidad Ciudadana (CC), la diputada Samantha Nogales, cuestionó el artículo 11 de la ley, titulado Exención de secreto o confidencialidad, porque considera que “atentará” a la libertad de expresión de la prensa.

“Cómo le vamos a explicar a la prensa cuando vayan a obligarles a que revelen sus fuentes de confidencialidad. Dónde queda el secreto de imprenta. También se vulneran esos derechos”, indicó Nogales, citada por Página Siete.

Asimismo, Lizeth Beramendi, representante del Comité Nacional de Defensa (Conade) alertó desde Cochabamba que, con la nueva norma legislativa, al MAS se le “facilitará la persecución a la población civil en resistencia para criminalizarla” y no descartó acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante las denuncias, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, afirmó que la ley “no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios”.