Fiscalía confirma archivo del caso Fraude Electoral

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, determinó ayer ratificar la resolución de sobreseimiento que libera de culpa a exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros exfuncionarios investigados por el caso Fraude Electoral, con lo que dejó archivado el proceso.

La decisión provocó el reproche de políticos y abogados; CC calificó como una “burla” la decisión fiscal, Creemos ve una muestra de sometimiento al Gobierno y un exmagistrado lamenta la falta de seriedad del Ministerio Público.

La comisión de fiscales del caso Fraude determinó el sobreseimiento en julio de este año, después de conocer una pericia informática encargada a un grupo de investigadores españoles. La resolución pasó a revisión del Fiscal Departamental, que ratificó la decisión el 11 de octubre, según el documento.

BENEFICIADOS

Entre los beneficiados con el sobreseimiento, están los exvocales María Eugenia Choque Quispe, Antonio José Iván Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamami Romero y Lidia Iriarte. También aparecen como sobreseídos otros exfuncionarios del TSE.

Además de determinar la ratificación del sobreseimiento, el Fiscal Departamental dispuso “la conclusión del proceso con relación a los citados imputados, la cesación de las medidas cautelares que se les hubiese impuesto siempre y cuando no hayan sido cesadas y la cancelación de sus antecedentes penales”.

“Ya está cerrado definitivamente (el caso)”, aseveró el exvocal Idelfonso Mamani, quien explicó que con la resolución del Fiscal Departamental ya concluye el proceso y pasa a archivo.    

Mamani manifestó que “ahora se impone la verdad” y se comprueba que los exvocales fueron perseguidos injustamente, vulnerándose sus garantías y derechos.

ANUNCIAN AMPARO

Diputados y abogados de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y del Comité Cívico pro Santa Cruz adelantaron que plantearán un amparo constitucional contra el fiscal departamental de La Paz, Wiliams Alave, porque nunca fueron notificados con el sobreseimiento del caso, ya que ellos impugnaron esa decisión.

“Todos los que impugnamos debimos ser notificados con el rechazo, nunca llegó ningún documento de la Fiscalía; ahora se abre la posibilidad de plantear un amparo constitucional”, dijo el diputado Marcelo Pedraza (CC), luego de conocer la ratificación del sobreseimiento del caso fraude electoral.

EL HECHO

El caso fraude electoral se abrió en noviembre de 2019, después de que la OEA publicó un informe preliminar de su auditoría realizada a las elecciones de ese año. 

Abogados y legisladores de oposición rechazan la decisión

El rechazo de políticos y abogados a la determinación de la Fiscalía no se dejó esperar. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, calificó la decisión de la Fiscalía como una “afrenta, burla y oprobio contra los millones de bolivianos que protestamos el 2019 por el fraude electoral en las elecciones presidenciales”.

“La decisión del Fiscal Departamental de La Paz de confirmar el sobreseimiento del caso fraude responde a una maniobra política del MAS y del actual Gobierno nacional para dar visos de aparente legalidad al montaje del caso del falso golpe de Estado, como antítesis de lo realmente ocurrido, que es el grotesco fraude en las elecciones presidenciales del 2019, en las que el expresidente Evo Morales les robó a los ciudadanos el derecho a decidir en segunda vuelta quién iba a ser su presidente”, remarcó.

Por su parte, la senadora de Creemos, Centa Rek, sostuvo que esta resolución “es una muestra del nivel de sumisión y sometimiento del Órgano Judicial al poder de turno”.

“Es inconcebible que el Ministerio Público, cierre un caso tan importante como el del fraude electoral de 2019, tan solo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de golpe de Estado que el MAS pretende imponer a fuerza de las mentiras”, puntualizó. 

La diputada advirtió que ni con la manipulación del Ejecutivo a este proceso van a poder borrar de  la memoria colectiva que en Bolivia hubo “un grosero fraude”.

El abogado y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Marco Antonio Baldivieso, dijo que el Ministerio Público “echa por la borda” la certificación del fraude electoral que evidenció la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a que pidió la detención preventiva de los exvocales porque encontró indicios de culpabilidad, pero esta misma instancia, archiva obrados como si no hubiese existido ningún indicio ni prueba.

“Echa por la borda un informe de una organización internacional importante. Este es un indicador más de lo más que está la justicia, la falta de confianza absoluta que existe en el Ministerio Público que hace mucho tiempo ya no defiende a la sociedad y no le interesa la legalidad”, enfatizó.