El Gobierno advierte que será firme ante “acción conspirativa” de “grupos de poder”

El Gobierno advirtió que será muy firme para evitar que “grupos de poder y sus operadores políticos paralicen y destruyan la economía nacional utilizando paros y bloqueo de caminos”. Lo hizo ante el anuncio de nuevas movilizaciones del opositor “Bloque de Unidad” para la semana que comienza.

Esa posición fue expresada ayer, domingo, por el ministro de Defensa Edmundo Novillo quien dijo: “Queremos decirles de manera franca y categórica: como Movimiento Al  Socialismo, como Gobierno de la revolución democrática y cultural, somos un fuerte regimiento en el país (…). En el marco del Estado de Derecho vamos a evitar por todos los medios que nuestro país sea azotado, paralizado y víctima de la destrucción económica de estos grupos de poder”.

Sostuvo que, a partir de los comités cívicos, ciertos grupos de poder comprometidos con el “Gobierno de la dictadura” utilizaron a los gremiales, transportistas y cooperativistas mineros para movilizarse en rechazo a la Ley Contra las Ganancias Ilícitas que fue retirada de trámite legislativo para evitar la confrontación y preservar la estabilidad social y política.

BLOQUE DE UNIDAD

El Bloque de Unidad  respaldó la petición de los gremiales, que determinaron exigir al Gobierno la abrogación de la Ley 1386. Mediante un pronunciamiento, manifestaron su apoyo al sector y resolvieron exigir otras peticiones, como la liberación a los “presos políticos” y atención para la marcha indígena. 

El viernes, el sector gremial determinó dar un plazo de 72 horas al Gobierno central para que abrogue la Ley 1386. Advirtió que si no son escuchados, ejecutarán medidas de presión desde el jueves, entre ellas paro de actividades y marchas en las calles.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Novillo explicó que luego de retirada la ley, los comités cívicos cambiaron de estrategia demostrando que la norma no era el problema, sino que detrás hay una “acción conspirativa” destinada a desestabilizar al Gobierno, a la economía y generar un daño económico al empresario, microempresario, gremialistas y transportistas.

Sostuvo que el proyecto de ley tenía el propósito de luchar contra los delitos transnacionales como el lavado de dinero proveniente de actividades delictuales, no informales, como el narcotráfico, venta de armas y trata y tráfico de personas.

PLANO INTERNACIONAL

Advirtió que, si no se luchan contra esos delitos con normas de carácter internacional, “Bolivia se va a convertir en un país donde la actividad ilícita genere desconfianza y no se puede condenar a nuestro país, en el marco de las relaciones internacionales y comerciales, a que esté sometido a una desconfianza porque esto sí tiene consecuencias, particularmente para los empresarios y las inversiones”.

Indicó que algunas disposiciones legales para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas están vigentes y ningún gremialista ni transportista fue investigado, porque no son el objetivo, sino es el delito transnacional que debe ser combatido con normativa internacional.

ANULACIÓN

El retiro del proyecto 218 fue celebrado como “una victoria” por las fuerzas políticas de oposición. Ahora, reclaman la anulación de otras normativas que se aprobaron “sin debate” y están orientadas a ejercer un mayor control del Estado sobre la sociedad y todas las actividades económicas del país.

El senador Rodrigo Paz Pereira (CC), explicó que además de la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, está la normativa que anula el registro privado de empresas, Fundempresa, la norma que “le da al Instituto Nacional de Estadística el monopolio centralista y abusivo de los datos oficiales”, la ley que centraliza las decisiones de la Policía en el Gobierno y la de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Ministro llama al diálogo a gremiales y transportistas

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó al diálogo a sectores que activaron un estado de alerta en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y reiteró que un paro ocasionaría una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día.

“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto es dialogar para tratar este tema, y evaluar las propuestas y observaciones que tienen”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Acotó que un día de paro atenta contra la economía de la gente más humilde, que vive del día a día, y la actividad comercial de los agentes económicos. “Por eso, no tiene ningún sentido ese tipo de posiciones, que son netamente políticas”, afirmó Montenegro.

En esa línea, reiteró que el Gobierno nacional está abierta al diálogo para analizar y absorber demandas concernientes a la ley cuestionada, y pidió a los sectores movilizados no tomar una posición política, escuchar al Gobierno y no dejarse llevar por mentiras de algunos actores políticos.