En todo el país, salvo en Chuquisaca, hoy protestan contra la “ley madre”

Los cívicos de Potosí van a paro de 48 horas hoy y mañana, viernes, mientras que sus pares de otras siete regiones del país anunciaron para este jueves marchas en demanda de la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, vigente desde el 16 de agosto. Solo en Chuquisaca no habrá movilizaciones.

Roger Amador, dirigente del Comité Cívico de Chuquisaca, descartó ayer en Correo del Sur Radio FM 90.1 movilización alguna hoy, tras confirmar que cada departamento era libre de decidir sus medidas de presión y si apoyaba o no a otros sectores movilizados.

VARIOS SECTORES

Varios sectores, entre ellos gremiales, transportistas y cooperativistas, se sumarán a la jornada de protesta de los cívicos.

En Santa Cruz, habrá una marcha de los dos primeros de los nombrados. Ellos ven a la Ley de Estrategia Nacional como atentatoria contra sus derechos, según informó a CORREO DEL SUR Edgar Álvarez, secretario general de la Federación de Gremiales de Santa Cruz.

En Cochabamba, el dirigente Gustavo Patzi explicó que diferentes sectores se concentrarán a las 8:00 en la calle San Martín y Punata y desde ahí marcharán hacia la plaza 14 de Septiembre y la plaza Colón, según publicó El Deber.

En esa ciudad, los gremiales alertaron a la población que los puestos de venta en los mercados permanecerán cerrados por 48 horas.

En La Paz está prevista una multitudinaria marcha, mientras que los dirigentes anunciaron que algunos mercados podrían permanecer cerrados.

También en Tarija, Beni y Pando, los dirigentes del mismo sector anunciaron que marcharán y se movilizarán junto con los cívicos, transportistas y otros.

ARTÍCULOS CUESTIONADOS

Sobre la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, ya promulgada, Paz Pereira remarcó que solo tiene siete artículos, pero uno de ellos, el 2, cuenta con un anexo de 54 páginas que confiere una infinidad de atribuciones al Presidente.

Sin embargo, para los sectores movilizados, son tres los artículos de la “ley madre” que les preocupan.

El apartado 7 abre la posibilidad de hacer ajustes “mediante decreto” a la mencionada estrategia. Antonio Siñani, dirigente gremial de El Alto, citado por El Deber, dijo que su sector pide que se derogue la Ley 1386 porque esa norma “autoriza al Presidente aprobar decretos” para “perseguir los delitos contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero con abusos de poder”.

“Eso dice el artículo 7, pero también se lee en el apartado noveno de la estrategia que hay ganancias ilícitas en los informales, que son el 95% de El Alto”, señaló el dirigente al lamentar que esta norma no haya sido socializada y que apunte a ejercer “mayor fiscalización y control”.

“La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, dice el observado apartado legal.

El vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, también expresó su preocupación por el alcance del artículo siete, y además mostró sus reparos por los apartados cuarto y quinto, que dan atribuciones al consejo del Órgano Ejecutivo y a la Unidad de investigaciones Financieras (UIF) de requerir información.

“Las entidades involucradas en la ejecución de acciones (de la estrategia) deberán reportar los avances y proveer a la UIF, la información que sea requerida por esta entidad”, establece el artículo cuarto de esta normativa.

El quinto señala que “el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo aprobará el cronograma de ejecución para las acciones previstas en el Programa de Acción” que están contenidas en la estrategia.

Precisamente, ese plan de acción —incluido en el anexo— establece la tarea de “formular la normativa que faculte a la UIF iniciar investigaciones de oficio, sin la necesidad de existencia de un ROS (Registro de Operaciones Sospechosas) o pedido de la autoridad competente”.

La previsión señala que esa normativa se planteará siguiendo los estándares internacionales, “debiendo garantizar los derechos fundamentales y velar por las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico vigente”.

El plan de trabajo incluye la modificación del Código de Procedimiento Penal para que la UIF sea “fortalecida” con nuevas atribuciones. Se proyecta, además, la interceptación de llamados telefónicas en función de una consulta constitucional.

EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno, que negó que esta ley afecte a pequeños comerciantes y al sector gremial, salió a explicar los alcances de la normativa. El martes por la noche, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se reunió con la organización de pequeños comerciantes dirigidos por Juan Carlos García, para explicar los alcances de esta ley.

“Hemos quedado que vamos a ser parte de la reglamentación de la ley y no vamos a salir a perjudicar con marchas y protestas que tienen un propósito político”, afirmó el dirigente, quien se declaró contrario a la organización gremial que dirige Francisco Figueroa a escala nacional y Siñani en El Alto.

El Gobierno decidió retirar el proyecto de Ley 218, que establecía el alcance del lavado de activos y fijaba modificaciones al Código Penal sobre el delito de terrorismo y la financiación del terrorismo.

Hay ocho leyes observadas (*)

Un paquete de ocho leyes promovidas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa despertó en las últimas semanas críticas y observaciones de fuerzas de la oposición y de distintos sectores como cívicos, gremiales, transportistas y otros.

Algunas de estas normas ya fueron promulgadas y otras todavía están en proyecto, como la Ley 218, contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fue retirada la semana pasada por el Gobierno nacional.

Esta decisión del Ejecutivo no aplacó la molestia de varios sectores, que ahora piden la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, considerada como la “madre” de la Ley 218.

Ambas normas forman parte del grupo de seis con las que el Gobierno nacional busca “el control de la sociedad”, afirmó en Correo del Sur Radio FM 90.1 el senador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz. Con las otras dos se pretende el “control de instituciones del orden”, como la Policía y las Fuerzas Armadas.

LAS LEYES POLÉMICAS

- Ley 218 contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales (Proyecto descartado)

- Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo (Promulgada)

- Ley 1398 de Registro de Comercio (Promulgada)

- Ley 110 del Registro Público de Derechos Reales (Proyecto)

- Ley 253 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia (Sancionada por el Senado)

- Ley 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción (Promulgada)

- Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana (Promulgada)

- Ley 122 de Ascensos de las Fuerzas Armadas (Proyecto)

* Estas leyes se pueden leer íntegramente en la siguiente nota de la edición web de CORREO DEL SUR: https://correodelsur.com/politica/20211020_las-ocho-leyes-que-observan-varios-sectores-y-la-oposicion.html

Andrónico insta al diálogo a los sectores en conflicto

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, instó a los sectores en conflicto a dialogar sobre la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y afirmó que no corresponde un ultimátum.

El legislador consideró que es legítima la preocupación de quienes tienen observaciones al documento; sin embargo, señaló que es “importante aclarar” los cuestionamientos mediante un diálogo con el Ejecutivo.

“No podemos actuar bajo presiones, es importante escuchar, lo que ellos plantean, lo que ellos proponen en torno a este proyecto de ley que está sancionado, promulgado; es importante entrar en un espacio de diálogo entre el sector y por supuesto con el Ejecutivo”, sostuvo.

 “La ley ya está promulgada y, entonces, no corresponde al Legislativo si se puede promulgar o modificar, está en vigencia y eso depende del Ejecutivo”, añadió Rodríguez.

El Gobierno descartó que en la Ley 1386 se establezca algún tipo de sanción en contra de los sectores que rechazan la norma y aseguró que solo es de coordinación interinstitucional.