Octubres turbulentos en el país

Decisiones gubernamentales polémicas, la pugna política interminable entre oficialistas y opositores, fallos judiciales, el rechazo de sectores de la población a imposiciones o el agotamiento de un sistema acabado, llevaron al país a vivir unos meses de octubre en su historia reciente con turbulencias.

Por irónico que parezca, la democracia tuvo esos mismos precedentes hasta que el 10 de octubre de 1982 fue recuperada luego de 18 años de juntas militares y gobiernos de facto manejando las riendas de Bolivia.

Ese día, un domingo, el Congreso invistió a Hernán Siles Zuazo como Presidente, dando por válidos los resultados de los comicios que se habían celebrado dos años antes, pero no fueron reconocidos por militares que rotaban entre sí para hacerse de la administración estatal.

“Gobernar Bolivia hoy es algo muy difícil por el ruinoso estado en que quedó tras las sucesivas administraciones de facto, por eso confío en el pueblo del país y en la solidaridad internacional y lo que es fundamental, en que el Gobierno sea ejemplo de autoridad, de decencia, de responsabilidad y de conducta, y no de la declamación sino en la práctica”, dijo Siles Zuazo el 14 de octubre de aquel año, cuando el político paceño abría su segundo mandato –fue presidente entre 1956 y 1960–, recién llegado del exilio que lo llevó a vivir en Perú.

Siles Zuazo pasaría a la historia no solo por ser el primer presidente tras la recuperación de la democracia, sino porque décadas antes había fundado el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y gestado, articulado y encabezado la revolución del 9 de abril de 1952.

HISTORIA RECIENTE

CORREO DEL SUR consultó su archivo de publicaciones y encontró que, por una u otra razón, los meses de octubre de los últimos años llegaron con tensión política, violencia callejera e incluso, en algunos casos, con muertes en el país. 

El octubre más cruento fue el del año 2003, cuando se escribieron las sangrientas páginas de la denominada “Guerra del Gas” que terminaría con el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada y decenas de víctimas mortales y cientos de heridos.

Más adelante, entre el 5 y el 6 de octubre de 2006, un enfrentamiento entre cooperativistas y mineros asalariados de la Comibol por el control de la mina de Huanuni, en Oruro, se saldó con 12 muertos y 66 heridos, 31 de ellos graves. Fue un hecho que conmocionó al país entero.

En 2007 Sucre fue escenario de disputas políticas y sociales entre septiembre y fines de octubre, cuando la Asamblea Constituyente excluyó el tratamiento de la Capitalidad Plena, un tema que más tarde derivaría en una violenta represión policial y militar y cuyo detonante se produciría entre el 23 y el 25 de noviembre: tres muertos, decenas de heridos y una ciudad sin presencia policial, con la cárcel San Roque abierta y todo dispuesto para una fuga masiva de presos.

En octubre de 2011, con un septiembre que tatuaría para siempre al gobierno de Evo Morales porque la Policía reprimió a la marcha en defensa del Tipnis, hubo tensiones en La Paz con los indígenas movilizados como protagonistas.

Más reciente es el 1 de octubre de 2018, cuando un fallo irreversible de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decretó que Chile no tiene ninguna obligación de negociar una salida soberana al mar con Bolivia. Fue un momento bisagra que exacerbó los ánimos entre oficialismo y oposición, con acusaciones de una errática política marítima del Gobierno.

Ese mismo octubre, de 2018, mostró expresiones de rechazo a la reelección de los entonces mandatarios del país, uno de los cuales, Álvaro García Linera, llegó a recibir un escupitajo en Santa Cruz por buscar su repostulación en contra de la voluntad expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).

Finalmente, los octubres de 2019, 2020 y de este 2021 tienen igualmente un sello de claro nerviosismo político. Todo comenzó con la llamada “Revolución de las pititas” emprendida en las calles por ciudadanos movilizados durante 21 días tras la conclusión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que hubo fraude en los comicios del 20 de octubre de 2019 y que finalmente provocó la huida de Morales.

La disputa política lejos está de cesar. Es más, ha cobrado nuevos bríos con la herida abierta entre los que defienden la teoría del fraude y los que hablan de un “golpe de Estado”. Y ahora se sumaron otros actores, como cívicos, transportistas y gremiales que exigen la abrogación de la “ley madre”, la 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Octubre Negro, la derrota de Goni

Entre el 10 y el 17 de octubre del año 2003, el gobierno de la coalición, conformada por el MNR, MIR, NFR y UCS, a la cabeza del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, protagonizó la mayor masacre de la era democrática, pues dejó 67 muertos (según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; más de 80 según otras instituciones) y cerca de 300 heridos. La mayoría de las víctimas había salido a marchar y bloquear las calles frente a un ejército movilizado con artillería e infantería. Probablemente, los movilizados no se dieron cuenta en esos días de que lo que estaban haciendo iba a cambiar el destino del país.

El primer mandatario dimitió asediado por las protestas y la condena internacional a la represión.

Tipnis: Indígenas doblan el brazo a Evo

En agosto de 2011, los indígenas del Tipnis empredieron una marcha hacia La Paz para demandar la paralización de la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).

El 25 de septiembre los marchistas fueron reprimidos en Chaparina, pero la movilización continuó hasta la sede del Gobierno y fue recibida por miles de personas.

Allí montaron una vigilia para forzar la aprobación de una norma; el 24 de octubre, el MAS se vio obligado a aprobar la Ley 180, de Intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Evo Morales la promulgó al día siguiente, aunque a regañadientes: un puñado de indígenas, de cuya causa se hizo eco el país, le habían doblado el brazo.

Las pititas y el fraude; la huida

Bolivia vivió una crisis política y social luego de los comicios del 20 de octubre de 2019, que fueron anulados por las denuncias de un presunto fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales.

Tras el informe de la OEA, que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de aquel año, Morales primero anunció nuevas elecciones y horas más tarde renunció, alegando ser víctima de un “golpe de Estado”.

Movilizaciones callejeras protagonizadas durante 21 días por jóvenes, plataformas ciudadanas y opositores en todo el país habían doblegado al líder del MAS, que huyó de Bolivia el 11 de noviembre y llegó a México el 12.

Jeanine Áñez asumió la presidencia por sucesión constitucional, pero el MAS recuperaría el poder un año después, vía elecciones. Hoy niega el fraude y habla de “golpe de Estado” 

Adepcoca y las leyes antiganancias

El conflicto por el control de la Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz comenzó en septiembre de este año y llegó a su clímax el 4 de octubre, cuando los cocaleros de los Yungas retomaron su sede luego de días de choques con la Policía. Algunos lo calificaron como la primera gran derrota del Gobierno, que avalaba a una dirigencia paralela.

El 11 de ocubre, el presidente Luis Arce digirió el primer paro cívico nacional en su contra. ¿La razón? El rechazo de varios sectores a la Ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y a la “persecución política”. Tres días después, el Gobierno anunció que retiraba de trámite el proyecto Ley 218.

Transportistas, comerciantes y otros sectores iniciaron el pasado jueves movilizaciones para exigir la “muerte a la Ley 1386” de Estrategia Nacional. El conflicto sigue abierto...