Una línea del Gobierno pregona la concertación

Mientras el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca llaman a las organizaciones sociales a ponerse en apronte para defender la democracia, en el mismo Gobierno hay voces que pregonan el diálogo y la concertación. La Iglesia católica se ofreció como mediadora, siempre que las dos partes lo soliciten e instó a frenar la violencia.

Ante las movilizaciones en varias ciudades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, llamó al diálogo a los sectores que están en contra de la ley 1386 para que presenten sus observaciones y propuestas.

“Convocamos a las hermanas y hermanos que estén en desacuerdo con esta normativa a un diálogo para que presenten sus propuestas y sus observaciones sobre esta ley 1386, tanto el Órgano Legislativo y también el Ejecutivo estamos prestos para escucharlos e incorporar con toda claridad en un decreto reglamentario”, aseveró Mamani la mañana de este miércoles.

Sin embargo, el diputado aclaró que la 1386 “busca a la gente que hace  el lavado de dinero”, y no a comerciantes o profesionales. Por ello, pidió a los sectores movilizados explicar los artículos que los afecta.

“Hasta este momento no nos llegó una observación sobre un artículo que nos diga que un artículo está afectando a una  organización o a un sector, no tenemos, sin embargo, les convocamos para que nos presenten qué artículos de esta ley está afectando porque ya en este momento el Órgano Ejecutivo debe estar trabajando el decreto reglamentario”, sostuvo.

La posibilidad del diálogo con sectores aún no implica de manera directa al Gobierno, pues fue planteada precisamente por Mamani y secundada por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para quien existe la apertura a escuchar las observaciones y sugerencias para cambiar la Ley 1386.

“Se ha hecho una invitación a los sectores para que puedan plantear ante la Asamblea Legislativa las solicitudes de cambio tener la Ley 1386 y hasta ahora no han enviado esas solicitudes”, señaló Montenegro luego de destacar la iniciativa de Mamani.

El ministro también precisó que se espera que los sectores movilizados soliciten se parte de la “socialización” de la ley así como “ajustes que pueda ejecutar la Asamblea Legislativa”.

“Creemos que el diálogo es el mejor camino para este tipo de sugerencias de cambios a las normas que se están planteando. Se lo ha hecho, no hoy, esto está abierto hace más de tres semanas y esperamos que los sectores puedan hacer esas solicitudes de cambio a la ley 1386”, remarcó Montenegro.

La postura de la autoridad fue planteada en un momento de movilizaciones y protestas en  al menos seis regiones del país, donde se pide abrogar la Ley 1386 que fue promulgada en agosto. 

Sobre este tema, el presidente Luis Arce, en un ampliado nacional de las 20 provincias del departamento de La Paz, negó que la Ley 1386 afecte a la población, “¿Ustedes creen que vamos a ir a afectar los intereses de los más pobres? No, no es verdad”, expresó, pero también convocó a las organizaciones sociales a defender la democracia ante los intentos de desestabilización por parte de sectores cívicos y gremialistas de Potosí y Santa Cruz.

PROTESTAS

Al menos en seis ciudades del país se presentan protestas sociales contra la Ley 1386 y otras normativas en una escalada de violencia marcada por denuncias y contradenuncias por grupos que apoyan y rechazan esta norma.

Iglesia se ofrece como mediadora y HRW llama a la calma

La Iglesia católica se ofreció ayer como facilitadora frente al conflicto que generó la aprobación de leyes sin consenso ni socialización por parte del MAS en el Legislativo.

Diego Plá, secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), lamentó el deceso de un joven en Potosí en medio del enfrentamiento e hizo un llamado a que la Policía Boliviana actúe de forma “responsable”.

“Que cada institución ejerza siempre su servicio de manera correcta, coherente y responsable, mirando que todos somos hermanos, bolivianos, en ambos lados hay padres, madres, familia, pedir esa actitud de paz, de no confrontación, de no violencia, la vida es un bien que hay que cuidar porque en algún momento, por un exceso de violencia, se puede perder”, reflexionó.

Por su parte, tras las dos jornadas de violencia por el paro cívico indefinido, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió al presidente Luis Arce llamar a la calma, al diálogo y asegurar el derecho a la protesta.

A través de redes sociales, el representante el organismo dijo ver “muy preocupantes” los enfrentamientos suscitados en varias regiones del país en demanda de la abrogación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.