Oposición y oficialismo cruzan criterios por abrogación de ley

Luego de que el conflicto por la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas se superara con el levantamiento de las medidas de presión, desde la oposición se cree que esto representó una derrota del MAS y desde el oficialismo, sostienen que el que pierde es el país.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arízaga, dijo a Correo del Sur Radio FM 90.1 que “todos sabemos que el que ha perdido, el que ha sido derrotado es el MAS, porque ellos son los que han propuesto esta ley, son los que estaban defendiendo a rajatabla esta normativa”.

Sin embargo, Arízaga sostuvo que pese a que las medidas de presión se levantaron, la intranquilidad solo va a pasar cuando el poder político del MAS tenga una “actitud sincera” para resolver las cosas.

EL PAÍS PIERDE

Para el presidente departamental del MAS en Chuquisaca, Alfredo Campos, “esto no ha sido ni una ganancia ni una pérdida” para el país y que solo se demostró que las logias cruceñas que defendieron el enriquecimiento ilícito “han salido ganando de cierto modo”.

Campos explicó que a consecuencia de este paro que duró nueve días en Santa Cruz y de otros conflictos que se suscitaron en diferentes partes del país, se registraron pérdidas económicas y que la peor parte la llevaron “familias que no ha podido hacer llegar a sus casa el pan del día”.

FALTÓ SOCIALIZAR

A su turno, el senador por Chuquisaca del MAS, Roberto Padilla, recalcó que la Ley 1386 siempre fue defendida por la bancada oficialista porque “no se puede negar que nosotros siempre hemos estado en contra de las ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”.

Sin embargo, admitió que “nos ha faltado socializar y esa es nuestra falencia”. Por eso adelantó que será necesario evaluar como bancada del MAS, en la Cámara de Senadores, la función de difusión y explicación de las leyes que tratan.

NO ESCUCHA

La senadora por Chuquisaca de CC, Silvia Salame, explicó que el resultado de estos conflictos se debe a que el Gobierno “no tiene la capacidad de escuchar”, pues ya se les había advertido cuando aprobaron la Ley 1386 imponiendo su mayoría.

“Esperamos que esto que ha acontecido sirva para que a futuro las leyes se consensuen y, por otro lado que se escuche a la oposición. Nosotros representamos a casi la mitad de la población de Bolivia”, manifestó Salame.

EVALUACIÓN

Los presentantes del oficialismo y de la oposición también admitieron que no hubo la suficiente socialización de la norma y que el Gobierno no supo escuchar, respectivamente.