La delegación que envió el Gobierno a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que la “legitimidad” del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez se encuentra en investigación.
“En cuanto a la señora Áñez, se encuentran abiertos varios procesos judiciales para establecer sus responsabilidades en los hechos ocurridos, así como su legitimidad, o su falta de legitimidad, como presidenta, así como para esclarecer la complicidad de la que se habría beneficiado para lograr esta función”, afirmó la delegación boliviana, según una publicación de la ONU.
De acuerdo con ese mismo informe, el Gobierno, además, afirmó que Áñez “disfruta de la presunción de inocencia y de todas las garantías procesales fundamentales”.
Por otro lado, informó que “Bolivia ha iniciado un proceso judicial para derogar los Decretos de emergencia emitidos por la presidente Áñez, que han permitido responsabilizar a la policía por numerosos actos de tortura y malos tratos”.
El vocero de la delegación fue César Adalid Siles Bazán, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Estado de Bolivia.
La delegación también también estuvo integrada, entre otros, por Iván Manolo Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional y jefe de la delegación; Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno; Miriam Julieta Huacani Zapana, viceministra de Igualdad de Oportunidades; Nelson Marcelo Cox Mayorga, viceministro del Interior y de la Policía y Maira Mariela Macdonal Álvarez, representante permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas en Ginebra.
