La delegación que envió el Gobierno a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que la “legitimidad” del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez se encuentra en investigación.
“En cuanto a la señora Áñez, se encuentran abiertos varios procesos judiciales para establecer sus responsabilidades en los hechos ocurridos, así como su legitimidad, o su falta de legitimidad, como presidenta, así como para esclarecer la complicidad de la que se habría beneficiado para lograr esta función”, afirmó la delegación boliviana, según una publicación de la ONU.
De acuerdo con ese mismo informe, el Gobierno, además, afirmó que Áñez “disfruta de la presunción de inocencia y de todas las garantías procesales fundamentales”.
Por otro lado, informó que “Bolivia ha iniciado un proceso judicial para derogar los Decretos de emergencia emitidos por la presidente Áñez, que han permitido responsabilizar a la policía por numerosos actos de tortura y malos tratos”.
EVO PIDE OTRO JUICIO
Por su parte, el expresidente Evo Morales afirmó ayer que los firmantes del Decreto 4078, que “otorgó facultades discrecionales” a las FFAA en 2019, según el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU, “deben ser enjuiciados”.
“Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció, en Ginebra, que Decreto Supremo 4078, que dio facultades a FF.AA para disparar contra el pueblo, es ilegal y violatorio de las convenciones internacionales de DD.HH., por lo que firmantes del decreto deben ser enjuiciados. ¡Justicia, ya!”, exigió el exmandatario en Twitter.
