RJC y Unión Juvenil Cruceña acusados de “paramilitares”
Informe afirma que estos grupos fueron financiados por gente vinculada a los “pititas”
INFORME. Miembros del grupo Resisencia Juvenil Cochala (RJC) durante sus recorridos en motocicleta en la crisis política de noviembre de 2019. Foto: Archivo El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificó a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Resistencia Juvenil Cruceñista como grupos “paramilitares”, que fueron financiados por "pititas".
Claude Heller Rousant, presidente de este comité, hizo las declaraciones en la sesión de Ginebra, Suiza, con relación a la crisis de 2019, según un video difundido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
“Llamada Unión Juvenil Cruceñista, que se desplazaban igual que la anterior en motocicleta, por los llamados motoqueros, utilizando bazucas caseras o palos como armas, justificando su acción en defensa de la democracia, para apoyar en barrios a los opositores de Evo Morales y el MAS durante paros y bloqueos”, afirmó.
Durante la crisis de 2019, estos grupos operaron en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz para contrarrestar las protestas de sectores sociales. Los actos de violencia cometidos por estos grupos también afectaron a trabajadores de la prensa en ese entonces.
“Estos grupos paramilitares fueron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”, añadió el presidente del Comité Contra la Tortura.
En aquellas jornadas de convulsión que atravesó el país, el gobernador cruceño y excívico Luis Fernando Camacho lideró las protestas ante denuncias de un presunto fraude electoral en los comicios de 2019. Las protestas junto a un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión derivaron en la dimisión de Evo Morales.
Según ese informe, que fue publicado por el Ministerio de Justicia, se documentó el caso de 28 personas arrestadas en la ciudad de El Alto, quienes fueron sometidas a diversos tipos de torturas e incluso, reseña, se registró abuso sexual.
“Fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixia con golpes de plástico, golpes, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones”, indicó Heller.
Este comité es un órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados partes.
Pero no fue todo. Los tipos penales de sedición y terrorismo en la legislación boliviana son “vagos y abstractos”, señaló el jueves el Relator del Comité contra la Tortura, en referencia a la detención de la expresidenta Jeanine Añez.
Durante el examen del informe presentado por Bolivia en Ginebra en el marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, miembros del Comité contra la Tortura observaron también el comportamiento de la Policía Boliviana en la crisis de 2019-2020 y el hacinamiento en las cárceles del país.
“En el período más convulso (de esta crisis), llama la atención el comportamiento errático y partidista de la Policía que, en muchas ocasiones, ha permitido la acción violenta de grupos opuestos al gobierno de Evo Morales”, dijo Heller, relator del Comité de examen de Bolivia en una publicación difundida en el sitio oficial de la ONU.
CRISIS
Claude Heller recordó que el 15 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez, al frente del Gobierno interino, emitió un Decreto autorizando a los militares a usar la fuerza contra manifestantes para el mantenimiento del orden público, pero exonerando a los militares de cualquier responsabilidad penal.
