Human Rights Watch denuncia “interferencia política” en el sistema judicial boliviano
En su informe de los eventos de 2021, afirma que la justicia “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años” y apunta a los gobiernos de Evo, Áñez y Arce
Human Rights Watch (HRW), organización defensora de los derechos humanos, denunció este jueves que el sistema judicial boliviano “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años” y apuntó a los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, en su Informe Mundial 2022.
“En Bolivia, el 2021 significó una oportunidad perdida para avanzar hacia una justicia independiente e imparcial. Su uso político continúa degradando las instituciones y el Estado de derecho en el país”, denunció la organización en Twitter, en la presentación del capítulo sobre Bolivia de su informe de los eventos de 2021.
“El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. El gobierno interino de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020) promovió procesos judiciales en base a cargos infundados contra opositores políticos. Del mismo modo, el gobierno de Luis Arce (noviembre de 2020 a la fecha) apoya acusaciones desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Áñez sin la evidencia necesaria”, afirmó HRW en la primera parte de su informe.
Por otro lado, apuntó que, en febrero de 2021, Arce “otorgó una amnistía por delitos vinculados con la crisis política que atravesó el país en 2019, la cual parecía estar diseñada para favorecer a sus simpatizantes” y que, “en respuesta a un informe que emitió un grupo de expertos internacionales en agosto, el presidente Arce dejó la amnistía sin efecto y prometió reformar el sistema de justicia”.
“Los expertos internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno interino de Áñez, incluyendo dos masacres brutales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, así como actos de violencia ‘instigados’ por el gobierno de Evo Morales (enero de 2006-noviembre de 2019). El informe expuso las deficiencias de la Fiscalía General del Estado a la hora de realizar investigaciones adecuadas y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes”, agregó HRW.
“Evo socavó la independencia judicial”
En su informe, HRW también denunció que el expresidente Evo Morales “socavó la independencia judicial” en los sus 14 años de gobierno.
“El expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder. La Constitución de 2009 habilitó a los votantes a elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los legisladores del partido de Morales —el Movimiento al Socialismo (MAS)— colmaron las listas con sus simpatizantes. En 2010, se dispuso que todos los jueces designados antes de 2009 eran ‘transitorios’. Muchos fueron destituidos de forma sumaria”, señaló.
Agregó que, “durante el gobierno de Morales, los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas”.
Por otro lado, remarcó que “alrededor del 80 % de los jueces y fiscales aún son ‘transitorios’, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo”.
La situación de Áñez
HRW, por otro lado, denunció que el gobierno de Áñez “presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales, que en muchos casos parecían responder a motivaciones políticas”.
No obstante, también observó la detención de Áñez, actualmente encarcelada.
“En marzo, las autoridades detuvieron a Áñez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, en relación con su supuesta participación en un golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019. En agosto, el fiscal general acusó a Áñez de genocidio por dos masacres ocurridas durante su gobierno. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Áñez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”, denunció.
Aquí puede revisar el informe completo:
En Bolivia, el 2021 significó una oportunidad perdida para avanzar hacia una justicia independiente e imparcial. Su uso político continúa degradando las instituciones y el Estado de derecho en el país.
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 13, 2022
Capítulo del Informe Mundial 2022 de @hrw_espanol: https://t.co/0JzBeMGt2I