Dos abogadas de Arturo Murillo también representaron a Eduardo del Castillo

La contratación de Augusto Villarroel, que fue sindicado como abogado de la familia de Arturo Murillo, provocó la destitución de Nelson Cox del cargo de viceministro de Régimen Interior; sin embargo, no se trata de la única persona dentro del Ministerio de Gobierno que tiene vínculos con el exministro de Jeanine Áñez.

Dos abogadas, que fueron denunciantes en los procesos contra Evo Morales, sus exministros y militantes del MAS por las movilizaciones de 2019 en Cochabamba, también representaron al actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Las abogadas, identificadas con las iniciales A.B.L.F. y D.A.R.C., figuran en testimonios notariales a los que accedió Página Siete como apoderadas del exministro Murillo y realizaron varias diligencias jurídicas en su representación.

Los nombres de ambas abogadas también figuran en los registros de la Fiscalía, según señala el diario de La Paz, en casos contra los exministros Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, entre otros que terminaron rechazados o sobreseídos por diversos motivos.

El caso de la abogada A.B.L.F. fue denunciado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), a través de una resolución en la que expresan su censura al ministro Del Castillo. En una conferencia de prensa, exigieron su cambio y el de su equipo de trabajo por estar ligados al exministro Murillo.

“La mencionada funcionaria está plenamente identificada como la responsable de ordenar la persecución de sectores sociales de la zona Sur de Cochabamba y de entorpecer el avance de los procesos penales contra los llamados golpistas”, versa uno de los párrafos del pronunciamiento de la Csutcb.

Un testimonio notarial del 12 de junio de 2020 señala que Murillo firmó un poder en favor de 10 abogados, entre ellos, las dos abogadas cuestionadas; sin embargo, el 25 de febrero de 2021, Del Castillo firmó otro poder similar para habilitar en los procesos a 14 y en el mismo documento aparecen los nombres de ambas juristas.

Tras la denuncia de la organización campesina, la abogada A.B.L.F. renunció a su cargo y en su carta de dimisión aseguro ser militante del “proceso de cambio” y que dio un paso al costado para evitar que se dañe la gestión Del Castillo, según confirmó a Página Siete un funcionario del Ministerio de Gobierno, quien pidió reserva de su identidad.

La misma fuente en reserva, citada por el diario paceño, aseguró que la publicación de documentos que perjudicaron a Cox y Villarroel fue gestada por el círculo de confianza del ministro Del Castillo, autoridad a la que acusan de haber gestionado el cambio de otros dos viceministros anteriores.