Asamblea de la Cruceñidad convoca a paro cívico para después de Carnaval

La Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad resolvió convocar a un paro de 24 horas para el viernes 4 de marzo en Santa Cruz como una medida de protesta inicial en contra de la presunta persecución judicial en contra del líder cívico Rómulo Calvo.

Tras la reunión celebrada este miércoles, en ambientes del Comité pro Santa Cruz, Calvo se encargó de revelar las conclusiones, entre las que destaca la convocatoria al paro cívico departamental y vigilia permanente y pacífica en instituciones públicas.

La medida de protesta, calificada como “inicial”, se aplicará “en contra de las arbitrariedades e injusticias cometidas por miembros del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía y otras autoridades de Gobierno, respecto a las demandas y resoluciones emitidas en esta Asamblea”, según señala la resolución.

Además, la Asamblea otorgó “poder de decisión absoluto” al titular del Comité pro Santa Cruz para “decidir cualquier otra medida necesaria para llevar adelante lo resuelto”.

Las resoluciones

Entre las resoluciones están las de rechazar las abusivas y arbitrarias medidas cautelares dictadas contra Rómulo Calvo, exigir al Ejecutivo que respete la independencia de poderes y declarar  personas no gratas en el departamento de Santa Cruz a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Obras Públicas, Edgar Montaño; y de Justicia, Iván Lima.

Se determinó denunciar ante la comunidad internacional que el gobierno de Luis Arce “ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión, manipulando al Ministerio Público y a los tribunales de justicia”.

La Asamblea conminó al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General avanzar en las investigaciones de todos los jueces y fiscales con procesos y las destituciones de que no cumplan con los requisitos mínimos.

A las autoridades judiciales también exigió el cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales en los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez, los dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), militares, policías y activistas.

“En este sentido, pedimos a quienes están en huelga de hambre que levanten la extrema medida”, señala la resolución, en referencia a Áñez, el líder de la RJC Tonchy Bascopé y el exdirigente cívico de Riberalta Katriel Müller, quienes cumplen detención preventiva y determinaron entrar en ayuno voluntario como medida de rechazo a los procesos en su contra.