El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio plazo al Gobierno boliviano hasta el 12 de septiembre de 2022, para que informe sobre las medidas que asumió para la reparación de los derechos vulnerados de Rebeca Delgado, inhabilitada en las elecciones subnacionales de 2015.
Mediante una carta dirigida a Delgado, el Comité señala que se ha enviado un recordatorio al Estado boliviano para que “proporcione información sobre todas las medidas que ha adoptado para aplicar el Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos, el 28 de marzo de 2018, relativo a la presente comunicación (CCPR/C/122/D/2628/2015) con plazo hasta el 12 de septiembre de 2022”, se lee en el documento.
Delgado manifestó que a la fecha no se cumplió el dictamen del comité, no obstante, dijo que a lo largo de este tiempo desde el 2018 tuvo acercamientos con al menos dos procuradores y una subprocuradora, aunque sin ningún resultado.
Esa instancia internacional de las Naciones Unidas estableció en su dictamen una reparación integral, “tiene que ver con el daño material y también in material”, sostuvo la exdiputada, quien expresó su expectativa para que se establezca un “precedente” de cumplimiento.
La misiva del comité está firmada por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, quien le expresa sus disculpas por el retraso en acusar recibo de los comentarios que hizo Delgado en septiembre de 2019.
Juicio de repetición
Delgado recordó que en Bolivia ni las autoridades del Tribunal Electoral Plurinacional de ese entonces ni los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional velaron por sus derechos políticos, por esa razón acudieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El 2015 eran vocales del TSE: Wilfredo Ovando, Marco Ayala, Ramiro Paredes, Wilma Velasco, Irineo Zuna, Fanny Rivas, incluso Dina Chuquimia retornó como vocal designada o delegada por el presidente Luis Arce.
Esos vocales con base en una circular 71/2014 y por encima de la Constitución inhabilitaron a Delgado y Maldonado. Esa disposición decía que los senadores y diputados del periodo legislativo 2010-2015 no podrían postularse a varios cargos municipales y regionales, incluidos los de alcaldes.
En razón de esta actuación, el Estado debe iniciar un “juicio de repetición” contra quienes vulneraron los derechos humanos. “El Estado tiene la obligación de un juicio de repetición”, para recuperar los recursos de la indemnización.
“Corresponde un proceso, eso manda la Constitución, manda que se les haga un juicio de repetición”, manifestó Delgado, al sostener que incluso podría proceder un juicio penal por vulnerar derechos constitucionales.
El caso de Delgado y del exsenador Eduardo Maldonado cobran relevancia después que el Tribunal Constitucional, que en el pasado les negó la tutela de sus derechos, falló a favor del expresidente Evo Morales, de quien señalaron que no solo se le vulneró su derecho a ser candidato a senador en los comicios de 2020, sino establecieron que merece una reparación económica.
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