Relator de la ONU pide fin de detenciones en el país

Respetar la independencia del Órgano Judicial, elaborar un plan de reforma estructural, poner fin a la injerencia, las detenciones preventivas y a la presencia de la “impunidad” en la administración de justicia, forman parte de las conclusiones del informe del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, tras su visita a Bolivia.  

“Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución”, dice parte del informe final del emisario que visitó el país entre el 15 y 22 de febrero de este año.

SOBRE JEANINE ÁÑEZ

En el mismo documento, García-Sayán dice haber constatado que “los patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados” y puso como ejemplo el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez.

Menciona que este proceso “pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva” y recuerda que, en el transcurso de su estadía en Bolivia, fue “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”, cuando se enteró de la huelga de hambre de Áñez.

Al respecto, el viceministro de Justicia, César Siles, manifestó que los casos Golpe I y II, por los que se acusa a Áñez, garantizan el debido proceso porque no se la juzga como Presidenta sino como senadora.  

PRIMERAS REACCIONES

El informe fue tomado ayer por el Gobierno ayer como un insumo para aplicar en la reforma judicial. “Es un instrumento que nos sirve de experiencia externa para poder reconducir algunos temas que estábamos pensando para la reforma judicial”, dijo el viceministro César Siles.

La administración del presidente Luis Arce no aprobó ni rechazó el documento y el viceministro Siles interpretó el documento a su modo.

Mientras que el expresidente y líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo: “Celebro que el informe de @UNIndepJudges coincida con CC en la urgencia de alcanzar un gran acuerdo nacional para reformar la justicia que es una demanda de todo el pueblo. Está en manos del gobierno obedecer este pedido o terminar de sepultar la justicia y el derecho en Bolivia”.

También en Twitter, otro expresidente, Eduardo Rodríguez, señaló que el informe merece “URGENTE reacción de autoridades y opositores para lograr Acuerdos de Reforma estructural”.

A LA ONU

El informe del Relator Diego García Sayán será presentado en el 50° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, a realizarse del 13 de junio a 8 de julio.

ASESINO SERIAL

El Relator Especial incluye en su informe el caso de Richard Choque Flores, el asesino serial que, dice su informe, fue liberado “por decisión de un juez de ejecución penal usando un procedimiento exprés corrupto basado en un informe médico falso”.

RECOMENDACIONES

- El Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. 

- Alcanzar un sistema de justicia independiente debe ser una política de Estado. 

- Reformar la selección y designación de altas autoridades judiciales.

- Asignación estatal apropiada de recursos económicos al Órgano Judicial. 

- Elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del Órgano Judicial.

- El Estado Plurinacional de Bolivia debe establecer una efectiva carrera judicial.

- Regularizar a todos los jueces transitorios antes del final de 2022.

- Aumentar juzgados y fiscales para casos de violencia contra la mujer.

- Atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia.

- Garantizar el espacio de la jurisdicción indígena originario campesina.

- Restaurar el espacio y papel de la justicia de paz.

- Poner fin a las detenciones preventivas. 

- El Ministerio Público debe avanzar sin demora en la investigación de la crisis de 2019-2020.

- Resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos en 2019.

- Designar al titular de la Defensoría del Pueblo.

- Dictar la legislación pendiente para el funcionamiento del Órgano Judicial.

- Aprobar una política criminal para guiar el trabajo del Ministerio Público y del IDIF.

- Dar sustento institucional al Comité de Género del Órgano Judicial.

- Adoptar una ley de acceso a la información pública.

- Mejorar la formación de la profesión legal para lograr la institucionalidad.