“La oposición, una zancadilla democrática a los procesos”

Duro contra los sectores de oposición, de quienes piensa que han establecido una “zancadilla democrática” a los procesos de institucionalización, el vocero presidencial Jorge Richter expone sus impresiones en esta entrevista con CORREO DEL SUR sobre temas de coyuntura como el Censo, la crisis universitaria, policial y judicial, además del empantanamiento de la elección del Defensor del Pueblo.

CORREO DEL SUR (CS). ¿Cómo debe afrontar Chuquisaca y el país el proceso y los resultados del Censo?

Jorge Richter (JR). De lo que se trata es que el Censo refleje la realidad de lo que es Chuquisaca. Si ha expulsado gente, si la gente ha migrado a otras regiones, si hay un crecimiento que no es vegetativo, que no es significativo y esto puede ver afectada su representación, pues esos son los datos que va a arrojar el Censo.

Después de eso siempre hay que encontrar criterios de compensación entre unas regiones y otras, de tal forma que no vayamos a abrir asimetrías que se vuelvan intolerables para la misma convivencia del país.

Es fácil cuando una región dice y, eso escuché con mucha irresponsabilidad a un diputado, que ‘nosotros somos en Santa Cruz 4 millones de habitantes y queremos que eso diga el Censo’. Eso no funciona de esa manera, tampoco puede alguien venir y decir ‘nosotros queremos tantos diputados más’.

El país siempre tiene que avanzar otorgando lo que es justo a cada cual, pero también estableciendo mecanismos de equilibrio, no puede quedar una región absolutamente desprotegida en su representación, porque eso después se va a traducir también en menos fortalezas para solicitar recursos que hagan a su desarrollo, entonces ahí hay que mirar los resultados que vaya a dar el Censo.

CS. ¿Se tendría que mantener el indicador per cápita para la asignación de recursos?

JR. Primero vamos a tener los resultados y eso va a demorar hasta fines del 2023, ahí recién se establecerán los criterios de distribución de recursos que no es lo estrictamente fundamental, lo fundamental es poder observar y saber cómo viven los bolivianos, la salud, el ingreso, el acceso a servicios, educación, etcétera.

Hay gente, hay políticos y autoridades que creen que una mayor cantidad de recursos trae ‘per se’ las capacidades de desarrollo, pero tenemos departamentos con importantes cantidades de recursos y con gestiones desde las gobernaciones que son una visión de desarrollo integral.

Solo tener recursos no significa desarrollo de forma automática, por supuesto que posibilita si se lo sabe utilizar de manera eficiente, posibilita el camino hacia un mejor desarrollo, pero para eso hay que tener también gobernantes que estén a la altura de las necesidades de sus departamentos, de sus municipios y que conozcan las lógicas de cada una de las regiones.

CS. En otro tema, se ha hablado tanto de la crisis institucional a partir del escándalo del dirigente universitario de 52 años Max Mendoza. ¿Qué salida se puede dar a esta problemática que no solo atinge al sistema universitario?

JR. Este problema institucional no es únicamente de las universidades. Nosotros estamos atravesando después de la recuperación de la democracia hace 40 años por una situación que podemos denominar de decadencia institucional en distintas instituciones del Estado.

Esto significa que la sociedad ha evolucionado en un sentido con aspectos positivos y otros negativos y la institucionalidad del país se ha quedado rezagada comparativamente con esta evolución que son evoluciones en las formas de vivir y de llevar adelante las dinámicas societales.

Entonces, esa decadencia institucional ha llevado a que como una de sus formas de expresión se establezcan dentro de las instituciones hechos de corrupción, de delincuencia, de ilegalidades que además se conectan entre unas instituciones y otras y de lo cual participa también el evento privado. Por ejemplo, tenemos instituciones como la Policía, Régimen Penitenciario, consorcios de abogados, de médicos, etcétera, que trabajan conectados para lograr un fin y beneficiarse económicamente.

Hemos visto alcaldías como la de Santa Cruz conectadas con entidades financieras privadas como la cooperativa Jesús de Nazaret, con otras instituciones de servicios como Saguapac, donde arman también una lógica de beneficios económicos sin los debidos controles para beneficio de unas cuantas personas.

Entonces, esta decadencia institucional significa que hay que reimaginar a las instituciones en sus controles en sus normativas y en sus lógicas de funcionamiento. Ahí está la Universidad, también. Fíjese usted, rectores de universidad que patrocinan dirigencias, dirigencias estudiantiles que sostienen rectorías también, entonces hay una complementariedad con beneficios mutuos.

No es un tema de la autonomía, es un tema de las lógicas dentro de las instituciones que por supuesto hay que revisarlas, entonces lo importante es poder tener un concepto claro de hacia donde se debería o cómo se debería encarar el aspecto de una institucionalidad decadente.

Hay demasiadas instituciones que requieren hoy en día fuertes y profundas reformas, la Policía tiene que reformarse, la administración de justicia tiene que reformarse de forma tal que le pueda dar a la gente certidumbre respecto de la transparencia, independencia, equidistancia de la influencia política.

CS. Una de las instituciones que tiene competencia directa del Gobierno es la Policía, que está sufriendo una de sus crisis más duras de las últimas décadas tal vez por lo que se ha puesto en evidencia, ¿qué se está haciendo para superar esto?

JR. Las instituciones se van poniendo en evidencia en función de crisis que se hacen públicas. El Ministro de Gobierno ha señalado algunas políticas respecto de la Policía, pero a raíz de los hechos esto se muestra insuficiente. La realidad de lo que vamos conociendo nos señala que la reforma tiene que ser más profunda, en realidad estructural. Uno puede decir se refieren a ellas pero no se toman inmediatamente medidas. No es fácil esto porque hay que observar ahí cómo está organizada una institución, cuáles son los poderes internos que tiene esta institución, cuáles son las dinámicas que ellos manejan y cuánta influencia directa puede tener el poder político. Entonces no es solamente agarrar y decir rápidamente vamos a intervenir.

Lamentablemente se han incorporado dentro de las instituciones en nuestro país unas lógicas muy corporativas, cerradas que van impidiendo que se puedan establecer reformas porque resisten a las mismas. Esto también lo vemos en la justicia, alguna vez se señalaba y se decía la justicia tiene que ser independiente, pero en los hechos reales la justicia hoy en día es independiente y no lo digo en un sentido peyorativo. Hay una justicia que preserva sus espacios de definición, de cómo deciden ellos relacionarse con el poder político, cómo deciden ellos con los poderes fácticos de la sociedad, con sectores empresariales, con sectores profesionales como bufetes de abogados por ejemplo y en esa independencia ellos hacen unas pequeñas concesiones a unos partidos políticos como a otros.

CS. Se dice bastante que el Gobierno tiene injerencia en la justicia. ¿Qué hay de esto?

JR. Si como se dijera por ahí que el Gobierno tiene un control discrecional de la justicia, pues hay un conjunto de fallos que están en el país que no tendrían explicación. Por ejemplo, ¿cómo la señora Áñez ha sido beneficiada con este fallo de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA)? que dice que debe ser llevada a un juicio de responsabilidades cuando hay otros criterios, entonces la justicia va a haciendo sus concesiones de forma muy independiente y en base a criterios plenamente subjetivos. Entonces esto hay que reformarlo también.

CS. ¿Por dónde se empieza? 

JR. Por un diagnóstico que además tiene que ser acabado, profundo, profesionalmente elaborado y, posiblemente, ahí nos hace falta estas miradas, por ejemplo, específicamente en el tema de la Policía. Lo otro es poder dar una salidas de coyuntura pero que no solucionan de fondo los problemas porque después un hecho se suscita públicamente y vemos que ahí se tiene también otra crisis.

CS. En el tema del Defensor del Pueblo, viendo el empantanamiento de su elección por las diferencias políticas en el Legislativo, uno puede pensar y decir ¿no sería mejor dejar esta decisión al voto popular en el futuro?

JR. Eso habrá que analizarlo si alguien en algún momento lo propone, pero habría que ver si esa es la mejor solución porque también eso electoraliza la elección del Defensor del Pueblo.

Número dos, en agosto y en noviembre del año pasado se hablaba desde sectores de oposición que ellos querían dos tercios para tener leyes consensuadas y el consenso es una construcción de diálogos.

Sin embargo, hoy vemos un permanente rechazo a los ejercicios políticos y lingüísticos de diálogo, pues entonces ¿cómo concertamos, cómo consensuamos?.

Los sectores de oposición han establecido con este chantaje y con este capricho de no querer facilitar los dos tercios una zancadilla democrática a los procesos de institucionalización. 

Así, ¿cómo podemos construir consenso, diálogo y dos tercios; consenso, diálogo e institucionalidad?. Si esta es la conducta que ellos van mostrando no van a hacer algo diferente cuando llegue la elección del Contralor.

ENTREVISTA

El vocero presidencial Jorge Richter llegó a Sucre la semana pasada, para participar de los actos centrales por el 213 aniversario del 25 de Mayo de 1809. Y accedió a una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.