Cumplidos siete días del asesinato de dos sargentos de la Policía y de un voluntario del Gacip en Porongo, una marcha convocada por el Comité Pro Santa Cruz exigió ayer justicia y la conformación de una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar este caso, y convocó a la comunidad internacional a evitar un “narco Estado” en Bolivia.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se encargó de cerrar la movilización en el atrio de la Catedral de la capital cruceña con un discurso frente a los movilizados.
“El Estado de Derecho es innegociable”, “no queremos ser la república de la cocaína”, “el Gobierno nacional ha perdido la guerra contra el narcotráfico”, fueron algunas de las declaraciones que lanzó Calvo para apuntar contra el Gobierno nacional y la Policía Boliviana por la muerte de los tres uniformados.
“No aceptamos la narcopolítica, no aceptamos parlamentarios ligados al narcotráfico. La Policía debe liberarse de su red para cuidar a su pueblo”, añadió el líder cívico al cierre de la movilización en la que participó el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Al dirigirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional, Calvo pidió la creación de una “comisión parlamentaria multipartidaria para que investiguen caiga quien caiga, como dijo el presidente Luis Arce”.
Sugirió un “plan con la ayuda de organismos internacionales especializados y la comunidad internacional” para una “investigación pronta y transparente” del triple asesinato y sus nexos con el narcotráfico.
Asimismo, llamó a la comunidad internacional a ayudar al “pueblo boliviano que no quiere convertirse en un narco Estado”. “Santa Cruz no acepta ser parte de un narco Estado, esta tierra santa no convive con gente maligna”, agregó.
“El Gobierno está más del lado del problema que de la solución. Esta bola de fuego comienza con la coca excedentaria y termina con la sangre de los bolivianos. Pedimos ayuda la OEA, a la Comunidad Europea, a las Naciones Unidas, especialmente al Consejo de seguridad, a acudir a un llamado para que no reine la miseria, el hambre, el luto, la persecución y el exilio de los bolivianos”, sostuvo.
Tras el llamado del líder cívico, entre los movilizados se escucharon gritos “que venga la DEA”, en alusión a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, expulsada de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia por el gobierno de Evo Morales.
LAS LONDRAS Y “PERSEGUIDOS”
El Presidente del Comité Pro Santa Cruz también hizo un repaso por el caso Las Londras y se solidarizó con los periodistas secuestrados el año pasado, condenando la liberación de los dos implicados en este hecho.
También abogó por los “88 presos políticos”, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez y los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala.
Exigió al Gobierno nacional una “reforma inmediata a la justicia” y en caso de no concretarse, “tendrá seguramente al pueblo en las calles”.
EN SUCRE
En Sucre, plataformas ciudadanas protestaron anoche contra el narcotráfico en la plaza 25 de Mayo. Entre los movilizados se encontraba el presidente del Comité Cívico, Roger Amador.
El Gobierno ve una motivación política
Anoche, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se refirió a la marcha y reclamó por qué no se hizo lo mismo cuando se desmantelaron casos de narcotráfico durante el gobierno de Jeanine Áñez.
“Hay gente que se está movilizando con fines políticos contra el narcotráfico. ¿Dónde estaban cuando cayó en el Brasil el sobrino de Jeanine Áñez? No hubo ninguna marcha. ¿Dónde estaban cuando Arturo Murillo hizo desaparecer 400 kilos de cocaína?”, cuestionó.
Asimismo, remarcó que la marcha se convoca cuando se detiene a Misael Nallar, “el sobrino de Carlos Valverde”. Para Del Castillo “hay gente que quiere proteger al narcotráfico”.
Colombiano dice que lo liberaron
El colombiano John Walter Tibaduiza, sindicado de ser uno de los asesinos de los tres policías en Porongo, señaló que fue retenido por la Policía el pasado miércoles, hace una semana, en la tranca de Montero; sin embargo, luego de sustraerle 6.000 dólares y su celular, lo liberaron.
“Ahí, en la segunda tranca de Montero, me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen: ‘ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, relató el colombiano a Unitel.
El extranjero envió un video desde su país a la televisora boliviana, explicando lo que le sucedió el 22 de junio y denunció el trato que recibió por parte de los policías.
El 21 de junio, dos policías y un miembro de Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana fueron acribillados en el municipio de Porongo, departamento de Santa Cruz. Al día siguiente, el comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que se identificó al boliviano Raúl Caballero Mosqueira y a los colombianos Jhon Walter Tibaduiza y José Flores Caro como los autores del crimen.
Tibaduiza contó que el 22 de junio fue detenido e implicado en el triple asesinato. Según el colombiano, la Policía le preguntó si tenía que ver con Misael Nallar, principal acusado dentro del caso, pero él negó conocerlo.
“Yo a ese señor (Nallar) nunca, y se lo juro por lo más sagrado a ese señor, nunca lo vi. Eso se puede ver en mi teléfono, pero lástima que me lo robaron porque yo quiero entregar mi teléfono”, aseguró el extranjero.
Luego de considerar la resolución de una Acción de Libertad, el juez de La Guardia, Rodrigo Vedia, emitió una nueva resolución en la cual ratifica que Misael Nallar sea detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro, mientras se lo investiga por el asesinato de policías en Porongo, descartando así su traslado a Palmasola al considerar que correría riesgo en esa cárcel.
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