Censo: Santa Cruz va a cumbre y el Gobierno pide no politizar

Santa Cruz cierra filas en torno al rechazo a la postergación del Censo y anuncia que este viernes, en una cumbre departamental, definirá medidas de presión. En la misma línea, el Conade alertó de que se prepara un “fraude demográfico” a favor del MAS y suman las voces de apoyo a que la encuesta nacional se realice el próximo año y no en 2024, tal como planteó el Consejo Nacional de Autonomías (CNA).

El Comité Interinstitucional de emergencia en defensa del Censo de Santa Cruz se declaró ayer en estado de emergencia y convocó a una cumbre para este viernes y no se descartó que se asuman medidas de presión para la realización del proceso censal.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, presidió el encuentro en el que participaron representantes de instituciones cruceñas como el Comité Cívico, el gobernador Luis Fernando Camacho y otros.

Según el acta de la reunión, aprobada cerca del mediodía, se repudió “enérgicamente” la postergación del Censo para 2024 y se consideró que no se tiene argumentos técnicos ni jurídicos que sustenten la iniciativa.

“Nos declaramos en estado de emergencia departamental y en tanto que nuestra demanda por la realización del Censo se concrete, sobre las bases de esta resolución, no se descarta tomar otras medidas de presión necesarias para el cumplimiento y realización del Censo de Población y Vivienda”, se lee en el punto 5.

Además se convocó a “todas las organizaciones vivas de la sociedad civil y política” del departamento a una cumbre departamental de emergencia por un ‘Censo oportuno y trasparente’ este 15 de julio en el salón comedor de la Uagrm.

PROCESOS Y DAÑO ECONÓMICO

El Comité Interinstitucional exigió a la Brigada Parlamentaria cruceña iniciar procesos penales por los delitos de incumplimiento de deberes a los “responsables políticos y técnicos” de llevar adelante el Censo al haber demostrado “ineficiencia en el cumplimiento de los plazos establecidos en el Decreto Supremo 4546”.

Se demandó que el próximo Presupuesto General del Estado sea elaborado en el marco de las proyecciones intercensales del Instituto Nacional de Estadisticas (INE) “generando mecanismos de compensación sobre la base de proyectos de desarrollo para aquellos municipios que por pérdida poblacional están en riesgo de perder recursos económicos”.

La decisión de reprogramar el Censo, previsto para el 16 de noviembre de este año, fue aprobado el martes en la reunión del CNA. En ese encuentro participaron ocho gobernadores del país, excepto el de Santa Cruz.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, justificó su inasistencia por la falta de vuelos para llegar a La Paz tras haberse suspendido su declaración informativa en la Fiscalía por el caso “Golpe de Estado I” del martes.

El jefe de la bancada de Creemos en la Cámara de Senadores, Henry Montero, por su lado, afirmó que la postergación del Censo provocará un “daño económico al Estado”. 

“Cada uno de ustedes bolivianos ya está empezando a pagar el crédito y los intereses de ese censo que no se va a realizar, eso es un daño económico al Estado. (…) De aquí a dos años más nos van a decir que no hay plata, no alcanzó, hoy (necesitamos) un nuevo crédito porque se la gastaron en otra cosa, corrupción”, protestó. 

El financiamiento total para el proyecto censal es de $us 68 millones, provenientes de Fonplata, BID y TGN.

A FAVOR DE UN CENSO EN 2023

El senador del MAS William Tórrez expresó a La Razón su desacuerdo con la postergación del Censo hasta 2024 e indicó que la bancada cruceña del MAS pedirá que se realice en 2023, para subsanar algunos temas del proceso.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se sumó al listado de las autoridades que tampoco aprueban la postergación del Censo. El burgomaestre fue contundente en afirmar que la encuesta nacional debe realizarse este año en la fecha prevista o “máximo” el 2023.

“Se nos ha dicho que era todo serio, todo responsable, pero vemos que no es así, es lamentable. Yo creo que debemos sí o sí hacer un censo, máximo a fin de año, seis meses o el próximo año, pero de ninguna manera el 2024”, dijo.

La autoridad edil teme que la realización del Censo en 2024 pueda utilizarse políticamente al tratarse de un año electoral.

Con el rechazo de Reyes Villa, las tres autoridades máximas de los municipios capitales del eje troncal del país están en la misma sintonía, puesto que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, rechazó la reprogramación. Mientras que el burgomaestre de La Paz, Iván Arias, propuso que se realice máximo hasta mayo de 2023.

Entretanto, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, resaltó la decisión de postergar el Censo, puesto que dará más tiempo para solucionar temas limítrofes, la cartografía y ajustar la estrategia que desarrollará el municipio, según sus palabras.

El alcalde de Tarija, Jhonny Torrez, en una entrevista con la Red Gigavisión, dijo que en la determinación del CNA no se pensó en afectar al pueblo cruceño con la postergación del Censo y que el pedido de redistribución de recursos de 2023 sobre la base de los datos de proyección del INE “es legítimo, pero no legal”. Además, se pregunta si Santa Cruz confía en esas estadísticas.

CONTRA CAMACHO

El diputado Daniel Rojas (MAS) alertó a la población de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, utilizará la reprogramación del Censo como un hecho para generar convulsión en el país. “Nada raro que esto sea parte de una estrategia para una convulsion social, buscan malinformar a la poblacion cruceña y con eso desestabilizar un Gobierno democráticamente electo”, señaló.

Gobierno pide no dividir y la FAM justifica decisión

El Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) pidieron que no se utilice el Censo reprogramado para mayo o junio de 2024, como instrumento de politización, división y confrontación, manifestó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“La realización del Censo nos permite orientar nuestro desarrollo económico y social tanto local como nacional; entonces, se pidió que no se utilice el Censo como instrumento de politización, como instrumento de división, como instrumento de confrontación”, dijo la autoridad.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y alcalde de Sucre, Enrique Leaño, destacó ayer que el Gobierno haya escuchado el pedido de las autoridades territoriales y en consenso se haya determinado reprogramar el Censo.

“El Gobierno lo que ha hecho ha sido escuchar a sus entidades territoriales, ha escuchado a la gobernación, ha escuchado a las alcaldías, a las organizaciones y pueblos indígenas y a partir de eso ha cedido esta situación. De ninguna manera se podría considerar que es un fracaso del Gobierno”, indicó Leaño. 

Destacó que con esta reprogramación se viabilizará una cartografía socializada llegando a diferentes sectores para evitar malos entendidos.

El Conade rechaza la suspensión del Censo y advierte un “fraude demográfico” a favor del MAS

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se pronunció ayer mediante un documento público tras la confirmación de la postergación del Censo de Población y Vivienda para 2024. Alertó un “fraude demográfico en marcha” y considera que debe realizarse en 2023.

En el documento, el Comité condena “la incapacidad manifiesta y el manejo irresponsable” del Gobierno nacional del proceso estadístico para la planificación del desarrollo del país, por lo que señala que esto debe llevarse a cabo el próximo año y no así en 2024.    

“Alertamos que la postergación del Censo puede consolidar un fraude demográfico en marcha; la continua ocupación territorial en contra de las regiones en el incremento forzado de electores de un padrón electoral con poblaciones con decremento de habitantes”, señala parte del documento. El Conade dice el aplazamiento del padrón “no es gratuito” ya que considera que el Presidente sacará “ventaja”. Prevé que “ocultando los datos de la realidad” continuará el desequilibrio y postergación de ciudades pequeñas y poblaciones rurales.

“Realizar el Censo en 2024 es impedir el tratamiento del Pacto Fiscal de manera inmediata”, señala el texto.

“Aportamos por la generación de espacios nacionales, departamentales y municipales de movilización ciudadana para la realización del censo, con participación plena de los vecinos”, dice más adelante.

Según se lee, a la manifestación del Conade se adhieren Unidad Nacional (UN) y el Comité Cívico de Oruro.