Tras fallo del Ciadi, aportantes declaran estado de emergencia

En emergencia. Así se declararon los aportantes activos, inactivos y jubilados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) Futuro y Previsión tras el fallo del Ciadi que impuso un pago de $us 105 millones a Bolivia por perjuicios ocasionados al banco español BBVA; advierten que el monto se pagará con los aportes de los trabajadores. 

En esa línea, dirigentes del sector anunciaron la presentación de un proyecto de ley para gestionar una nueva devolución de sus aportes, la segunda, algo que el Gobierno rechazó anticipadamente el fin de semana.

“Nos declaramos en emergencia y movilización permanente hasta que seamos atendidos por parte del presidente (Luis Arce) y las autoridades que corresponda”, es una de las resoluciones a las que llegó la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf) de Bolivia luego de un encuentro en Santa Cruz.

El 16 de julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó un laudo arbitral por el que Bolivia debe pagar $us 105 millones por los perjuicios ocasionados a BBVA, propietario de la AFP Previsión BBVA, a causa de las demoras ocasionadas en la nacionalización del sistema de pensiones.

Yerko Orozco, presidente del Movimiento de Emergencia Nacional, aseguró que los recursos para pagar ese monto saldrán de los aportantes a las AFPs, por lo tanto, los más perjudicados serán ellos.

“Hemos perdido un proceso internacional de arbitraje, así vamos a ir perdiendo nuestro dinero. Son 105 millones de dólares que tenemos que pagar, no el Gobierno ni el MAS, sino todos los trabajadores que son parte de los aportes de las AFPs, los jubilados son los más fregados porque son ellos quienes van a quedar sin recursos”, argumentó Orozco.

ASUMIRÁN DEFENSA

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, salió al paso de las críticas políticas por el caso en el Ciadi; ratificó que el Estado asumirá defensa y solicitará la anulación del fallo. Además, dijo que con la nacionalización, el país ganó más de 42.800 millones de dólares en renta petrolera.  

“Se van a tomar las acciones en el tema de la defensa y a partir de ello se va a pedir la anulación, no es que no existan más procesos y eso se va a comunicar de manera oficial como corresponde desde el Ejecutivo (…) Vamos a asumir defensa”, dijo.

El senador Félix Ajpi (MAS), dijo que “es casi mínimo” los 105 millones de dólares que Bolivia debe pagar al BBVA.

Mientras un experto en arbitrajes dijo que el fallo solo podría alterarse por defectos de forma.

El analista financiero Jaime Dunn sostuvo que en esencia las resoluciones del Ciadi son irreversibles. “Los arbitrajes son medios extrajudiciales para resolver conflictos, por lo tanto sus fallos son efectivos, contundentes en resoluciones, inapelables y las partes se comprometen a acatar”, agregó.

GESTORA PÚBLICA

A más de 13 años de la nacionalización del Sistema Integral de Pensiones (SIP) y ocho de la creación de la Gestora Pública, Bolivia tendrá un software que se encargará de manejar los recursos de los aportantes a las AFPs. El lunes, el Gobierno dio a conocer que hay un 82% en el avance de construcción de esa herramienta que tendrá la información de todos los aportantes.

CONSECUENCIAS

El fallo del Ciadi puede tener un impacto en la calificación de riesgo del país y se suma a las malas señales que da el Estado boliviano a la inversión extranjera, según expertos.

La decisión de esta Corte “va a estar dentro de los componentes de valuación” que periódicamente hacen las calificadoras, afirmó el consultor internacional Jaime Dunn.

El Conade pide aplicar la Constitución

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, sugirió que se aplique el artículo 113 de la Constitución Política del Estado (CPE) para que los funcionarios responsables del caso paguen la indemnización con dinero de sus bolsillos.

¿Qué establece la Ley? El parágrafo II del artículo 113 de la CPE establece que en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.

En este caso, las responsabilidades apuntan al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, por lo que opositores y jubilados también piden su renuncia. No obstante, también responsabilizan al expresidente Juan Evo Morales y a los procuradores que lo acompañaron en su gestión y durante la nacionalización del sistema de pensiones.