Bolivia y Chile resuelven “reactivar” la hoja de ruta acordada en La Paz en 2021

Bolivia y Chile resolvieron este jueves “reactivar” la hoja de ruta acordada en La Paz en 2021 e impulsar una agenda de “confianza mutua” tendiente a retomar la relación bilateral.

En un comunicado conjunto publicado por las cancillerías de ambos países, los gobiernos explicaron que su decisión responde a la “necesidad de iniciar una nueva etapa en la relación bilateral”, que incluye potenciar el “comercio y las inversiones para el desarrollo económico y social de ambos pueblos" avanzando en materias de "complementación económica”, aunque por ahora la agenda no menciona el acceso soberano al mar.

La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, y el ministro de Relaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta, se reunieron en la ciudad de Asunción, Paraguay, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur a la que ambos asistieron.

Hasta ahora, tanto el presidente Luis Arce como su homólogo de Chile, Gabriel Boric, han tenido gestos de buena fe para trabajar en conjunto.

Durante los últimos meses del Gobierno de Sebastián Piñera, Chile y Bolivia anunciaron un esfuerzo para recomponer su compleja relación bilateral –hoja de ruta 2021– sin incluir la cuestión marítima, punto que Arce consideró, no obstante, como “irrenunciable”.

En 2018, luego de una demanda presentada por el otrora mandatario boliviano Evo Morales en 2013, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falló en contra de Bolivia y determinó que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al Pacífico, aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo.

A nivel diplomático, la relación entre ambos países permanece suspendida desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978, a causa de la histórica controversia por el reclamo marítimo boliviano.

En abril de este año, un nuevo hito marcó la relación entre los países vecinos: el fin de los alegatos en la CIJ por la soberanía del Silala, proceso que inició tras una demanda chilena presentada en 2016 ante el organismo y del que se espera un fallo definitivo.