Procuraduría justifica ante CIDH la acción policial en La Calancha

La Procuraduría General del Estado justificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acción policial en los hechos de La Calancha, en noviembre de 2007, con el argumento de “la necesidad inminente por el riesgo de sus propias vidas y del conjunto”..

“El Estado ha demostrado fehacientemente que, cuenta con la normativa vigente que regula las actuaciones de los efectivos policiales, y que estos se encuentran enmarcados en los estándares internacionales; que el uso de la fuerza ejercida respondió a la legalidad de las normas descritas y la necesidad inminente por el riesgo de sus propias vidas y del conjunto; la proporcionalidad, que se encontró en los violentos hechos a los que fueron expuestos los efectivos policiales”, señala una de las conclusiones de los alegatos del Estado boliviano, representado por la Procuraduría, ante la CIDH, según el documento al que accedió CORREO DEL SUR.

Agrega que el derecho internacional humanitario “no podrá ser invocado con objeto de menoscabar la soberanía del Estado por la responsabilidad de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado”, y, en otro punto, asegura que “agotó los mecanismos para brindar la protección del conjunto y restablecer el orden público”.

Para la Procuraduría, durante los hechos de La Calancha, “las víctimas no fueron sometidas a ningún trato cruel o inhumano” y los manifestantes “no desarrollaron su protesta en un ámbito pacífico y no se configuraron los elementos y estándares mínimos para alegar una presunta responsabilidad del Estado”.

Sobre los movilizados, añade en sus alegatos que las organizaciones que conformaban el denominado Comité Interinstitucional “lograron la reducción policial a través del amedrentamiento, ataque constante y su desabastecimiento, a causa de la toma del aeropuerto, las instituciones policiales y el cierre de las carreteras”.

El documento, de 120 páginas, está firmado por Patricia Guzmán Meneses, como procuradora interina, y por Jhanneth del Rosario Bustillos Bustillos como directora general de Defensa de Derechos Humanos y Medio Ambiente.

En noviembre de dicho año, la Policía reprimió a pobladores de Sucre que salieron masivamente a protestar a las calles porque se había excluido del debate de la Asamblea Constituyente la demanda de capitalidad plena.

BS 50.000 A LAS FAMILIAS

Hay más probabilidades de que el Estado boliviano sea acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los fallecidos y heridos de La Calancha, pese al intento de la Procuraduría de desvirtuar las acusaciones en sus alegatos ante la CIDH en 2015, entre otros argumentos, con un resarcimiento de 50.000 bolivianos a las familias de las tres víctimas mortales.

Esa es la percepción del expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) Arturo Yáñez y del abogado Antonio Gantier quien, junto al entonces diputado Horacio Poppe, llevaron esta demanda ante la CIDH.

En los alegatos finales presentados el 28 de junio a través de la procuradora interina Guzmán, el Estado se defiende de la demanda indicando que asumió el resarcimiento sin la necesidad de un pronunciamiento de la CIDH, “mediante un pago económico único acorde a los hechos, que fue recibido y aceptado por los beneficiarios, como reparación económica, por la muerte de sus hijos, sin objetar alguno”.

“Las presuntas víctimas, en el marco de la amplia jurisprudencia de los actos consentidos, aceptaron dicha reparación pecuniaria, sin objetar monto una acción alguna, subsumiendo su actuar, la expresión propia de su voluntad”, dice una de las conclusiones.

El caso lleva el nombre de Gonzalo Durán, el primer muerto por bala, cuyos padres, adultos mayores, aún reclaman justicia. Progenitores de las otras dos víctimas mortales, Gonzalo Serrudo y José Luis Cardozo, fallecieron sin que se determinara a los culpables.

RETARDACIÓN DE JUSTICIA

Desde la bancada de República 2025, la concejala Melisa Cortés afirmó que el Gobierno justificó las muertes en Sucre señalando que corría peligro el orden constitucional y la vida de los constituyentes, pero no se refirió a la retardación de justicia desde 2007.

“Justifican de alguna manera que se puso en su momento en riesgo el orden constitucional y la vida de los constituyentes, pero no especifica de manera clara de la retardación de justicia en este tema específico”, indicó Cortés, en un contacto con Correo del Sur Radio FM 90.1.

Recordó que el objetivo de la demanda es constatar la violación de derechos y, principalmente, la retardación de justicia para que la CIDH conmine al Estado boliviano a iniciar un juicio de responsabilidades contra los autores intelectuales: el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Alfredo Rada.

El exfiscal general Mario Uribe dejó fuera de la acusación a Morales y solo mantuvo a su exministro y a exjefes policiales, contra los que tampoco ha avanzado ningún proceso.

PROCEDIMIENTO

Dentro de esta demanda ante la CIDH, tanto el denunciante como el Estado presentaron sus alegatos finales y, con la versión de ambas partes, la comisión presentará su informe final acusando al Estado boliviano ante la Corte IDH o rechazando la denuncia.

En criterio del abogado Arturo Yáñez, es poco probable que la CIDH rechace esta demanda. Al contrario, existe “una alta probabilidad” de que se acuse al Estado, salvo que haya un acuerdo entre las partes.

Yáñez: Justificar lo injustificable

En criterio del expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) Arturo Yáñez, intentarán justificar la actuación del gobierno de Evo Morales en el conflicto de La Calancha a través de la Procuraduría, que defiende los intereses del Estado, para “justificar lo injustificable”.

Yáñez dijo que recién se enteró oficialmente por los alegatos del Estado que algunas víctimas recibieron una remuneración. “Ojalá no hayan sido engañados”, agregó.

No se puede justificar la masacre y la denegación de justicia que persiste en Bolivia desde hace 15 años en este caso, reclamó.

Gantier: Refuerzan la tesis jurídica

La admisión del pago de un resarcimiento refuerza la tesis jurídica de la acusación porque el Estado reconoce que hubo lesiones a la vida y a la integridad física y acepta la necesidad de una reparación.

Es el criterio del abogado impulsor del juicio ante la CIDH, Antonio Gantier, quien además argumento: “Ellos dicen: ‘hemos reparado la plata’, pero no se han investigado los hechos por los cuales se ha reparado, que debe ser dentro de un juicio de responsabilidades”.

Gantier indicó que a los acusadores les interesa “que se siente en el banquillo de acusados a Alfredo Rada, Evo Morales y todos quienes intervinieron en esta masacre, dentro de un juicio de responsabilidades”.

Recordó que ante la CIDH demandaron lesiones a la vida, a la integridad física y a la investigación. Si desestimara las dos primeras, por las reparaciones, no podrá desechar las garantías judiciales porque hay una demanda estancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, agregó.

Los denunciantes esperan que el informe final y las recomendaciones de la CIDH concluyan en una obligación del Estado de reactivar el juicio de responsabilidades. De todos modos, Gantier indicó que accionarán el juicio ante la Corte IDH.

Juan Cardozo: No recibí ninguna reparación

Juan Cardozo, hermano de José Luis, fallecido en La Calancha, dijo que no recibió ningún resarcimiento económico y que tampoco le interesa, y lo que exigen es un juicio para identificar a los autores de esta masacre, para que no se quede en la impunidad después de casi 15 años.

“Como Juan Cardozo no recibí ninguna reparación porque no me interesa ningún resarcimiento. Queremos saber quién es el autor o autores de esta masacre, que tienen que ir tras las rejas. No puede quedarse en la impunidad por dinero”, puntualizó.