La ONU observa uso “excesivo” de fuerza en conflicto cocalero

La organización en Bolivia urge a apostar por el diálogo como salida a este problema

POLICÍAS. Hubo uso desmedido de gases y varios arrestados en los choques con la Policía. POLICÍAS. Hubo uso desmedido de gases y varios arrestados en los choques con la Policía. Foto: APG

CORREO DEL SUR con datos de Agencias
Política / 12/08/2022 07:18

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia manifestó este jueves su preocupación por el “uso excesivo de fuerza” en el conflicto cocalero y pidió un “diálogo respetuoso” entre las partes.

“Violencia en conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando derecho a protesta pacífica”, manifestó el organismo en Twitter.

También señaló que “preocupan uso excesivo de fuerza y exhibición pública de detenidos, contrarios a obligaciones DDHH. El diálogo respetuoso es el camino para buscar soluciones”.

Desde hace una semana miembros de la independiente Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), liderada por Freddy Machicado, protestan contra el funcionamiento del llamado mercado paralelo, que depende del bloque de Arnold Alanes, a quien cuestionan por el apoyo que recibió del Gobierno.

En varias jornadas los cocaleros movilizados se han enfrentado a la Policía, que trata de impedir que lleguen a la sede del “mercado paralelo”, entre dinamitazos y gases lacrimógenos, con un saldo de varios heridos, uno de gravedad, y unos 20 detenidos.

La Defensoría del Pueblo se ha ofrecido como mediador entre las partes, pero los miembros de Adepcoca ya han dicho que no irán al diálogo hasta que se cierre el “mercado paralelo”, se liberen a los cocaleros detenidos y se respete la independencia de esa institución privada.

CRÍTICAS A UN MINISTRO

En medio de los enfrentamientos, la Policía arrestó a más de una veintena de cocaleros que luego fueron exhibidos públicamente y sin que hayan comparecido ante un juez en una rueda de prensa por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Ese proceder del ministro ya ha sido cuestionado por la Defensoría del Pueblo y por otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que señalan que se vulnera la “presunción de inocencia” de los detenidos.

Además, la Defensoría del Pueblo denunció que la Policía ha intentado “limitar o restringir las acciones de investigación formal” que realiza para constatar la situación de los arrestados, que, según señaló, en varios casos son personas “ajenas a la situación”.

La Policía aprehendió a un conductor de un vehículo que circulaba presuntamente con cocaleros que arrojaban explosivos en vía pública de la ciudad de La Paz, según el ministro Del Castillo.

“Ayer (por el miércoles), aproximadamente a las 14:30, vecinos que viven en Villa Fátima y Villa El Carmen (Puente Minasa) denunciaron que un vehículo azul con personas a bordo arrojaba explosivos a vía pública y a viviendas provocando temor en la población”, señala la publicación de la autoridad en sus redes sociales, en la que expone una fotografía del aprehendido.

DOMICILIARIA

Anoche, en La Paz, la jueza Ximena Palacios impuso detención domiciliaria a 19 cocaleros aprehendidos durante la represión policial del miércoles.

El abogado Gualberto Cusi informó sobre la determinación de la justicia después de una extensa audiencia virtual.

Denuncian abuso policial en La Paz

El diputado Miguel Roca (CC) denunció la tarde de este jueves que fue agredido por un oficial de la Policía cuando se apersonó a la FELCC para recabar información de los detenidos por el conflicto de Adepcoca.

Según un video difundido en redes sociales, el parlamentario opositor sufrió una agresión violenta por parte del efectivo del orden, según el grito del abogado que acompañó al diputado; asimismo, Roca le exigió al uniformado que le devuelva su celular.

Anteriormente la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana, en comunicado a la opinión publica, pidió al gobierno de Luis Arce, que cese el amedrentamiento y la persecución a los parlamentarios y ciudadanos en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

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