Delegado de la GIEI recibe denuncias contra el Estado

El responsable de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Bruce Barnaby, recibió ayer, lunes, denuncias contra el Estado boliviano sobre la detención de tres jóvenes de la resistencia paceña, la aprehensión y presentación de los cocaleros de Adepcoca y la presión y asfixia al periodismo independiente.

Las denuncias fueron presentadas en una reunión con organizaciones de la sociedad civil lideradas por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).

“Hemos dado a conocer una serie de denuncias en el sentido de que el Gobierno está utilizando el informe del GIEI de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para justificar la represión que se está haciendo contra jóvenes de la Resistencia Civil La Paz, para detención de personas de Adepcoca, a las cuales se las muestra como delincuentes o como criminales, pero también hemos hecho una serie de denuncias vinculadas a una serie de irregularidades con el caso de la prensa”, informó el líder del Conade, Manuel Morales.

En la reunión se abordó también la arremetida contra la prensa, al periódico cochabambino Los Tiempos y las denuncias contra dos comunicadores que trabajaron en Bolivia TV.

“Nos solidarizamos con el diario Los Tiempos, de Cochabamba, que se suma a la lista de medios de información cuya posición independiente es la causa de los intentos del gobierno del MAS, como lo ha hecho en el pasado reciente con otros medios de información escritos y audiovisuales”, dicta parte de la denuncia presentada.

¿CONTRADICCIONES?

El jueves se conoció que el fiscal Junior Flores acusó y pidió la detención de los periodistas Andrés Rojas y Adriana G. gerente general y gerenta de informaciones de BTV, respectivamente, durante el gobierno de Jeanine Áñez, por supuestas irregularidades en la contratación del presentador de noticias Pablo Llano en el canal de televisión estatal en 2020.

“Pedir seis meses de detención preventiva y procesar a periodistas para darles hasta diez años de cárcel por una dudosa irregularidad administrativa, que de confirmarse sería de una proporción ridícula e insignificante, no puede ser entendido solo como una desproporcionada acusación, sino también como una persecución judicial y un amedrentamiento al conjunto de los periodistas”, se menciona al respecto.

La acusación contra los dos periodistas aparece como desproporcionada frente a otros casos que la Fiscalía pasó por alto, como el de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que no opera ni paga pensiones desde su creación, en 2010, pero paga salarios a sus funcionarios de hasta Bs 35.000 al mes. Los salarios fueron reducidos en 50% con relación a 2015, cuando la escala salarial contemplaba pagos por Bs 70.000 mensuales.

SEGUIMIENTO

El mensajero de la CIDH llegó a La Paz ayer, lunes, para verificar el cumplimiento de las 36 recomendaciones para la justicia y el Estado que el organismo realizó en su informe sobre la crisis de 2019.