Academia de Estudios Constitucionales insta al Gobierno a buscar el diálogo

La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales exhorta al Gobierno nacional a buscar a la brevedad posible los canales de diálogo hasta llegar a un acuerdo con las autoridades cívicas de Santa Cruz, evitando la confrontación entre los bolivianos y no promoviéndola como hasta ahora sucede.

El pronunciamiento de destacados abogados del país salió este 1 de noviembre cuando se cumplen 11 días de paro en Santa Cruz y con un cerco recientemente activado por sectores afines al Gobierno.

En un manifiesto académico, hacen referencia de que en el marco del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, las autoridades cívicas de Santa Cruz convocaron el 30 de septiembre, a un cabildo que determinó llevar adelante un paro indefinido a fin de que el Censo se realice el año 2023, es decir, un año y medio después de la fecha inicialmente fijada por el Gobierno Nacional, para el 16 de noviembre de 2022.

“Este paro cívico no solo constituye el ejercicio de una democracia directa, sino una medida constitucionalmente protegida, puesto que dicha demanda es legítima y responde a la necesidad de que las políticas públicas se diseñen en función al estado actual de la sociedad boliviana y en esa medida puedan resolver las necesidades reales de los bolivianos y no se funden en datos caducos que ya no responden a la realidad actual del país”, señala el pronunciamiento público.

Manifiestan que “el Gobierno nacional en lugar de buscar el diálogo ha promovido que grupos violentos busquen quebrar esa manifestación pacífica a través de vías de hecho y cerquen Santa Cruz, impidiendo el ingreso de alimentos, gasolina y otros elementos vitales, pudiendo incluso configurar delitos de lesa humanidad bajo las figuras de ataque contra la población civil o exterminio, con la inacción de la Policía Nacional, la cual en vez de buscar construir soluciones sostenibles al problema, genera un clima de crispación y promueve la violencia que puede tener consecuencias imprevisibles para las familias bolivianas”.

Recuerdan al Gobierno que el Censo de Población y Vivienda fue declarado prioridad nacional y fijado por el propio presidente Luis Arce y sus ministros para el 16 de noviembre de 2022, mediante decreto supremo Nro 4546 de 21 de julio de 2021.

Sin embargo, los académicos hacen notar, que el Gobierno, sin ninguna explicación y contrariando su propia declaración de prioridad nacional, la fecha del censo fue postergada para el primer semestre de 2024, mediante el Decreto Supremo 4760 de 13 de julio de 2022.

“Es evidente que si el propio presidente Luis Arce calificó al censo como prioridad nacional y las medidas destinadas a exigir si realización, dentro de lo fijado por la normativa; se debe con urgencia buscar a la brevedad posible canales de diálogo y llegar a un acuerdo con las autoridades cívicas de Santa Cruz”, señala el documento.