El cabildo cruceño decide continuar con el paro y ahora demanda una ley
Pide garantizar redistribución de recursos y escaños antes de comicios generales de 2025
El cabildo de Santa Cruz decidió anoche continuar con el paro indefinido hasta que el Gobierno apruebe una ley que garantice la redistribución de recursos económicos y la nueva asignación de escaños parlamentarios antes de las elecciones generales del 2025; además, dio un plazo de 72 horas para que las autoridades liberen a las 20 personas detenidas por los enfrentamientos durante los días de protesta.
“Honrando el sacrificio de todos, exigimos que el contenido del Decreto Supremo 4824 se formalice en una ley en la que debe incluir que la distribución de los recursos se realizará con los datos finales, no preliminares, y que la nueva cartografía electoral y distribución de escaños parlamentarios se realizarán antes de las elecciones del 2025”, dijo el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a través de un video grabado desde su detención domiciliaria.
Las demandas del cabildo cruceño se resumieron en cinco preguntas referidas a 1) instruir los legisladores que, de manera inmediata, gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones 2025; 2) delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional para que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano; 3) reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia que se unan en la lucha por la aplicación de los datos del Censo antes del 2025; 4) si en el plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumirán que la lucha es por cuenta en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz; y, 5) mantener el paro hasta que dentro de 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente y se garantice el fin de la represión policial y persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes.
La multitudinaria concentración se congregó a los alrededores del Cristo Redentor, donde participaron líderes cívicos y miembros del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023. Además de diputados, senadores, concejales, asambleístas y otras autoridades electas, entre ellas el gobernador Luis Fernando Camacho, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.
Estas dos autoridades además del cívico Calvo fueron denunciadas por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto por la presunta comisión de ocho delitos, entre ellos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, vinculados al paro indefinido en Santa Cruz.
La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia del ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcel Mayta, la misma que fue hecha pública al mediodía de ayer, domingo.
La denuncia presentada también pide activar una alerta migratoria para evitar que los tres sindicados salgan del país.
El abogado del Gobernador cruceño, Juan Carlos Camacho, descalificó el actuar de la Fiscalía por aceptar la causa en tiempo récord. “La justicia del MAS busca generar este proceso tirano a quienes están promoviendo la libertad y la democracia que es el Comité Interinstitucional”, dijo el jurista.
Por su parte, al inicio del cabildo de anoche, el gobernador Camacho dijo no tener miedo a dicha denuncia.
SOBRE LOS ESCAÑOS
Antes del inicio del cabildo, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró que el Gobierno entregará los datos del Censo de Población y Vivienda hasta diciembre del 2024 para que el Tribunal Supremo Electoral pueda planificar la redistribución de escaños para las elecciones del 2025.
Señaló que “no es atribución directa del Gobierno el tema de distribución de escaños”, sino del “Órgano Electoral”. No obstante, aseguró que el Gobierno remitirá la información “necesaria” a la entidad electoral para que esta asuma su competencia constitucional.
“Durante la gestión 2024, hasta diciembre de 2024, el Gobierno nacional, a través del INE, remitirá los datos necesarios, para que el TSE pueda proceder, según su competencia, según su atribución y mandato constitucional, (eso) para la organización de los diferentes procesos electorales”, señaló Cusicanqui.
Consultado sobre si el Gobierno remitirá datos finales o preliminares, dijo que, “hasta diciembre de 2024, se tiene planificado tener los datos solamente de población, los finales y los oficiales. Para más adelante, quedarán los dados de vivienda, servicios, educación y demás variables”.
En ese marco, consideró que el conflicto en Santa Cruz “ya no tiene razón de ser”, porque el Gobierno “está dando certidumbre” sobre el Censo.
HUBO MOLESTIA CIUDADANA POR CONCLUSIONES DE CABILDO
Si bien las determinaciones del cabildo fueron aprobadas por la multitud que se dio cita en el Cristo Redentor, también hubo quienes no estuvieron de acuerdo con las mismas y así lo hicieron conocer en una improvisada concentración que se dio cita en el domicilio del cívico Calvo.
Redes televisivas mostraron anoche a un considerable número de personas que señalaban como “traidores” a los dirigentes cívicos por “haber aceptado el Censo en 2024”.
“Nuestra lucha es por el Censo en 2023”, exclamó una entrevistada que exigía que Calvo dé la cara a la población inconforme. Santa Cruz inicia hoy, lunes, su jornada 24 de paro indefinido.
Evo: Si hubieran cumplido su decreto, no había conflicto
El expresidente Evo Morales volvió a criticar ayer, domingo, al Gobierno por su gestión del conflicto por la fecha del Censo y afirmó que si se cumplía con la fecha original, no se habría generado ningún conflicto.
Morales recordó que el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, garantizó que el Censo iba a tener lugar en noviembre de este año y agregó que la exministra de esa cartera, Gabriela Mendoza, hace poco aseguró lo mismo: que “todo estaba preparado” y además habló de una “mano negra” detrás de la postergación del Censo.
“Hay que preguntarse quién ha suspendido. ¿Por qué de 22 a 24? Llama la atención (….) ¿Por qué se ha suspendido?”, se preguntó Morales.
El líder del MAS afirmó que “aquí ha habido una decisión política de suspender de 22 a 24”, y se preguntó quién tomó esa decisión. “¿Quién será? Sabrá el hermano presidente, vicepresidente”, agregó al observar que se haya fijado la nueva fecha del Censo el 23 de marzo, cuando el país conmemora el Día del Mar. “Error, estratégico, no entiendo”, cuestionó.
Con todo, dijo que saluda la decisión del Gobierno, “ahora esperamos que los cívicos, esos grupos de Santa Cruz, respeten esta decisión del gobierno nacional”.
Defenderemos en la calle, lo ganado en las urnas: Arce
El presidente Luis Arce manifestó ayer, domingo, su disposición de salir a las calles para defender su gobierno frente a los ataques de la derecha a la cual descalificó como gobernantes por los antecedentes de la gestión de Jeanine Áñez y sus colaboradores.
“La derecha hoy quiere y pretende dividir al país, otra vez pretende ganar con esos movimientos lo que no pudo ganar en las urnas y el MAS y nuestras organizaciones sociales vamos a defender lo que ganamos en las urnas y si es necesario en las calles”, dijo el mandatario en referencia al paro indefinido que sostiene Santa Cruz desde el 22 de octubre.
Manifestó que “es inadmisible que pretendan ahora levantar la cabeza cuando no tienen el apoyo popular, cuando han demostrado que ha sido un desgobierno de la derecha que ha sufrido el pueblo boliviano durante cerca de un año”.
El presidente indicó que el pueblo boliviano en octubre de 2020 dijo ¡Basta! y mayoritariamente votó en las urnas por un gobierno del pueblo y para el pueblo.
La posición de Arce se conoció luego que el sábado el vicepresidente David Choquehuanca, llamara a defender al presidente, cuya elección “costó mucho sacrificio, llanto y dolor al pueblo boliviano”.
Ayer, el presidente visitó el municipio de Padilla para realzar la celebración del 40 aniversario de creación de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca.