Insisten con enjuiciar a los líderes cruceños

El Gobierno defiende la Ley del Censo porque permitió “cerrar el conflicto de una forma pacífica” y ratificó que los promotores del paro de 36 días en Santa ahora deben responder a la justicia. Ante eso, el Comité Interinstitucional se declaró en emergencia y advirtió con volver a las calles para defender a sus líderes.

“Los recursos se distribuyen en el segundo semestre de 2024. Han aceptado lo que el Presidente les había propuesto antes del paro (…) Han dilapidado más de 1.200 millones de dólares. En términos de años y de lo que van a recibir como mejora por el aumento de población, han dilapidado 50 años de los recursos de coparticipación que van a recibir desde septiembre de 2024, ¡50 años!”, dijo el vocero presidencial Jorge Richter.

La autoridad afirmó que el paro se pudo haber evitado. “¿Por qué no lo hicieron? Es lo que le tienen que responder a la población. Y no solamente a la población, porque también hay personas fallecidas, cuatro personas fallecidas, que expresan mucho más de los 1.200 millones, porque son vidas irrecuperables; eso, pues se lo van a tener que explicar a la justicia porque ya la justicia los ha citado. Entonces, tiene que haber responsabilidad; no es posible implementar una medida, hacer lo que les parece a ellos prudente, en su radicalidad, y que después no haya responsabilidades; eso no puede ocurrir”, aseveró Richter.

También calificó de “injusto e inaceptable” que se hable de “traición” por el acuerdo que viabilizó la aprobación de la Ley de aplicación de resultados del Censo, porque consolidó la pacificación en Santa Cruz.

“Lo que se ha trabajado, finalmente, es un acuerdo puntal y específico, para pacificar el país. Eso no es correcto ni justo tampoco equipararlo a un criterio de traición, eso no corresponde”, insistió respecto a las observaciones surgidas dentro del MAS.

RESPUESTA DE LOS CÍVICOS

En respuesta, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, manifestó que ellos solo acataron la decisión de la población que asistió al Cabildo del 30 de septiembre donde exigieron que el censo se realice en 2023. Espera que la justicia actúe de forma imparcial y no se judicialicen las protestas con reclamos legítimos.

Entretanto, el Comité pro Santa Cruz emitió un comunicado expresando su “rechazo y repudio” a la persecución política por parte del Gobierno en contra de los miembros del Comité Interinstitucional. Además, se declaró en emergencia y advirtió con volver a las calles para defender a sus líderes.

FISCALÍA

Anteriormente, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que se admitieron tres denuncias contra el cívico Rómulo Calvo, el gobernador Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar por promover el paro que duró 36 días en Santa Cruz.