El MAS celebra y pide “justicia”; la oposición cuestiona legalidad

Sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) celebraron ayer la aprehensión del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y exigieron su encarcelamiento, en tanto que organizaciones civiles, plataformas ciudadanas y opositores cuestionan la legalidad y las intenciones ocultas en la medida asumida.

La Central Obrera Regional (COR) de El Alto fue una de las varias entidades afines que festejaron la aprehensión de Camacho e incluso amenazó con movilizaciones frente a las medidas de presión en el oriente. 

Marcelo Mayta, secretario ejecutivo de la COR, señaló que el Gobernador de Santa Cruz debe pagar por los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba. “Este señor tiene que responder ante la justicia boliviana y sobre todo dar serenidad a todas las personas que han perdido a sus seres queridos el 2019. Asimismo en estos últimos hechos respecto al censo”, manifestó.

Ante las medidas de presión anunciadas en Santa Cruz, Mayta dijo que los alteños también están listos para movilizarse y no permitir que queden impunes los hechos de 2019.

“Nos estamos alistando los alteños y no vamos a permitir más impunidad para este señor que ha hecho tanto daño a los bolivianos y bolivianas. Que no se victimice, este señor tiene que pagar por todos estos hechos luctuosos que han ocurrido el 2019”, dijo Mayta.

Mientras el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, mediante su cuenta de Twitter, indicó “las oraciones de todas las víctimas del Golpe de Estado del 2019 y de los paros #Camacho fueron escuchadas y ahora, en su condición de aprehendido esperemos responda por los delitos que se lo acusa. Tal y como lo advertí, la situación se le salió de las manos a Camacho y estas son las consecuencias”.

Otras organizaciones como la de mujeres Bartolina Sisa, la Federación Tupac Katari y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) piden “la pena máxima” para Camacho y su consiguiente detención en Chonchocoro. 

Coinciden también en solicitar la detención de otros actores como Rómulo Calvo, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, a quienes consideran “autores intelectuales” del supuesto golpe de estado. Asimismo, expresaron su apoyo al gobierno de Luis Arce y se declararon en emergencia.

La exdiputada e impulsora del caso “golpe”, Lidia Patty, recordó que el caso se amplió para que también sean investigados los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, así como el alcalde de La Paz, Iván Arias.

“Tenemos la ampliación investigativa contra el señor Tuto Quiroga, Mesa, Doria Medina y otros que conocemos que han actuado (en 2019). También está (el abogado) Eduardo León, (Luis) Revilla, Rafael Quispe y otros. Tenemos un listado presentado en la Fiscalía”, añadió.

La Federación Tupac Katari anunció bloqueos de caminos para evitar que Camacho “escape”, ante la posibilidad de que el juez determine su detención domiciliaria. Su secretario ejecutivo, Luciano Marca, advirtió al ministro de Justicia, Iván Lima, a jueces y fiscales con “chicotearlos” si no meten a Camacho a la cárcel de Chonchocoro.

La organización de mujeres Bartolina Sisa, con chalinas rojas, también salió a “festejar”, casi toda la mañana de ayer estuvo gritando en la plaza Murillo arengas de: ¡Camacho a Chonchocoro!

La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, calificó la aprehensión del Gobernador como un acto de “justicia” y rechazó que sea “persecución política”.

El representante de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, afín al MAS, Justino Apaza, manifestó que al fin se hizo justicia porque, en su criterio, Camacho es el principal autor del presunto “golpe” en 2019 y advirtió con no dejarlo salir de La Paz.

Las seis federaciones del Trópico de Cochabamba tendrán una evaluación de fin de año, donde también se prevé analizar la situación de la autoridad cruceña.

EN LA OPOSICIÓN

Desde la vereda opositora, la bancada de Creemos denunció ante la comunidad internacional el “secuestro” del gobernador Camacho, a través de cartas a diversos organismos internacionales y representaciones diplomáticas. Señalaron que en la detención se incurrió “en al menos cinco ilegalidades, las cuales se resumen en: secuestro, uso de violencia excesiva, aprehensión en ausencia de delito penal, traslado a La Paz, cuando debería juzgarse en la ciudad de Santa Cruz y desaparición forzosa tras el arresto.

“La violenta aprehensión del gobernador ha vulnerado circulares emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en relación con la vacación judicial anual colectiva”, detalla la carta remitida a representantes internacionales.

Por su parte, desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia  (Conade) ven en la detención de Camacho una cortina de humo, ante posibles medidas económicas que el Gobierno planteará en este fin del año. 

Manuel Morales, representante del Conade, estima que desde las autoridades económicas podría definirse un retiro parcial de la subvención de los combustibles, lo que puede llevar a la devaluación del boliviano. A su juicio, el Gobierno busca culpar a Santa Cruz de estos efectos negativos en materia económica.

El exgobernador de Santa Cruz Rubén Costas expresó su respaldo y solidaridad con Camacho y afirmó que su aprehensión es una “provocación desmedida, perversa y tiránica”.

La exautoridad sostuvo una reunión con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ayer, horas previas a la Asamblea de la Cruceñidad.

“Se trata de una afrenta mayúscula a la región. Esta es una provocación desmedida, perversa, tiránica y muy propia del señor Lucho Arce y de su antecesor”, afirmó Costas.

“Eso es muy peligroso, eso es realmente un plan macabro, endemoniado que viene llevando el MAS”, añadió.

CONTRA LA PRENSA

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció un nuevo hecho de agresión contra periodistas. El miércoles, en La Paz, un grupo de simpatizantes del partido oficialista agredió a una periodista de la Red Uno, en las puertas de la Policía, donde se encontraba detenido el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. 

Otros reporteros y camarógrafos de diferentes medios de comunicación también fueron hostigados.