El Gobierno y cívicos cruceños se acusan de buscar impunidad

Los hechos de violencia desatados en Santa Cruz, tras el encarcelamiento del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, buscan “preservar la impunidad” contra los participantes que ocasionaron los hechos de crisis de 2019, denunció ayer el vocero presidencial Jorge Richter. Por el contrario, los cívicos cruceños consideran que en 2019 sí hubo “actos de corrupción que han quedado impunes”, pero referidos al fraude electoral. 

Ayer, en un nuevo episodio de la crisis sociopolítica por la detención del gobernador cruceño, el fuego cruzado se trasladó de las calles a los micrófonos y las acusaciones por la violencia desatada.

En conferencia de prensa, el vocero Richter afirmó que Camacho ya tenía conocimiento del proceso que enfrentaba y que en varias ocasiones fue citado a declarar, lo cual derivó en su aprehensión el 28 de diciembre de 2022.

“Con la instalación de la violencia, con la confrontación con el odio y con el tensionamiento, repito, lo que se está buscando es preservar la impunidad de los participantes en noviembre de 2019”, sostuvo.

Criticó la “doble vara” con la que se miden las movilizaciones como el cerco al departamento ya que durante algunas jornadas del paro de 36 días ocurrió lo mismo por sectores sociales, lo que fue cuestionado y ahora que es convocado por el movimiento cívico es apoyado.

Con los ataques “permanentes y reiterados” durante la última semana al Comando Departamental de Policía en procura de su toma, Richter afirmó que se pretende lograr “negociar en mejores condiciones” la impunidad y que no se investiguen los hechos de 2019.

Para el vocero la administración de la justicia es la que debe decidir la situación del gobernador cruceño, cuya vida aseguró se encuentra “garantizada”, mientras se encuentre recluido en la cárcel de Chonchocoro. “¿Cuántos votos tiene el señor (Rómulo) Calvo para poder decir lo que se debe o no se debe hacer en el país? ¿Cuántos votos tenía el señor (Fernando) Camacho para poder hacer lo que hizo (en 2019)?”, cuestionó el vocero al acusarlos de generar “odio y el desprecio”.

“Ahora encima quieren castigar a una parte del país. Este comiteismo quiere castigar a La Paz, Cochabamba, Tarija, Sucre, Chuquisaca, Oruro a Potosí al resto el país”, añadió y, con ello, defendió el accionar de la Policía para conservar el orden público.

CALVO: FRAUDE ELECTORAL

“Nos puede responsabilizar de todo; pero la verdad todos la sabemos, todos hemos vivido en 2019, hemos visto qué es lo que ha pasado; aquí hay actos de corrupción que han quedado impunes”, respondió el presidente cívico, Rómulo Calvo, en referencia al expresidente Evo Morales, para decir que no fue juzgado.

“Todo el mundo sabe que nunca ha habido un golpe de estado; aquí ha habido un fraude, aquí ha habido una sucesión constitucional, ha habido una manifestación a nivel nacional cuando hubo el fraude (en las elecciones nacionales)”, recordó.

Valoró las movilizaciones en el resto del país y señaló que se trata de una muestra de la insatisfacción de la población hacia las medidas del Gobierno, entre ellas “el secuestro del gobernador cruceño, el abuso policial y todas las acciones que vulneran los derechos constitucionales de cada ciudadano”.

“(El Gobierno) tiene que tomar un rumbo diferente, las acciones tienen que ser incluyentes para todos los bolivianos; (por)que Santa Cruz es Bolivia y queremos que nos tomen como ciudadanos y que se nos respete”, señaló el cívico al insistir en que la población cruceña es la provocada.

CONTINÚA LA VIOLENCIA

Anoche, se vieron nuevos enfrentamientos en la zona del Cristo Redentor cerca de la universidad Nur, donde con petardos y gases lacrimógenos nuevamente se enfrentaron manifestantes y policías, según reportes en redes sociales. Mientras, en el frontis del Comando Departamental de Policía, un grupo de mujeres permanece en vigilia.

Otro escenario de intolerancia se advirtió en la vía de ingreso al penal de Chonchocoro, donde originarios “Ponchos Rojos”, hostigaron con chicotes a dos activistas de oposición que se dirigían al reclusorio donde guarda detención preventiva el gobernador Camacho.  

Hoy, miércoles, el conflicto inicia su octava jornada con nuevas convocatorias a movilizaciones de protesta. 

Preocupación

José Antonio Revilla

Magistrado Tribunal Supremo de Justicia

De modo personal, como magistrado de Chuquisaca, expreso mi preocupación por lo que está sucediendo en Santa Cruz, cuando debiera buscarse la pacificación, cumpliendo las normas y sin los excesos que se están cometiendo".

Camacho desafía a debate a Arce; este ve evidencia en caso golpe

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que el presidente Luis Arce representa al proyecto dictatorial del MAS y él, a la lucha por la democracia, por lo que lo desafió a un debate de proyectos políticos, en una carta publicada en sus redes sociales.

“Presidente Luis Arce, le escribe el Gobernador de Santa Cruz, su prisionero político”, dijo Camacho, al afirmar que su “secuestro y detención” tiene que ver con “un caso inventado”.

“Estamos ante un debate político histórico (…) Represento la lucha por la democracia; represento la indignación de millones de bolivianos, con la corrupción y los abusos de su partido y de su gobierno; pero, además, represento la esperanza y la ilusión de una Bolivia distinta a la suya”, complementó.

Camacho pidió a Arce ser “valiente”, no esconderse “en un juicio manipulado” y ordenar a la Policía dejar de “apresar y maltratar” a los jóvenes y las mujeres que protestan en Santa Cruz.

“Seguramente usted no aceptará el debate que le propongo, por eso le digo lo siguiente: de aquí en adelante, señor Presidente, los dos somos responsables ante la historia, usted por buscar revancha y conducir a nuestra Bolivia a una senda de dictadura, y yo aquí preso por levantarme junto a mi pueblo para impedir el fraude y cuidar la democracia. Esa es la verdad”, finalizó.

La carta de Camacho fue publicada tras las declaraciones que hizo el presidente Luis Arce, a la prensa brasileña, a la cual señaló que la participación de Camacho en el “Golpe de Estado” de 2019 fue “evidente”.

“Se negó a presentarse a las cuatro citaciones. Hoy, hay videos en las redes en los que confiesa haber participado en el plan para poner a Áñez en el cargo. Y, por si fuera poco, todos los vieron en la terraza del Palacio Quemado con la Biblia en la mano. La evidencia de su participación es evidente”, recordó.

El mandatario sentenció que aunque no hay forma de medir el grado de su participación, queda claro que “estuvo involucrado en el intento desestabilizador”.

Para el Jefe de Estado, Camacho y los cívicos cruceños estaban conscientes de que podía ser detenido y acusó a los líderes de Santa Cruz de haber impulsado el paro de 36 días con la excusa del Censo para postergar la aprehensión del gobernador cruceño.

Gobierno pide ampliar detención a 6 meses

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que el Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría, solicitarán la ampliación del tiempo de detención preventiva del exlíder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, de cuatro a seis meses y defendió la “legalidad” de la aprehensión, así como garantizó independencia judicial en este bullado caso.

Sobre los hechos violentos en Santa Cruz, Lima afirmó que en el país está garantizado el derecho a la protesta, pero que “no es admisible que se pueda afectar al patrimonio de los bolivianos”, por lo que justificó “una contención proporcional de la violencia” por parte de la Policía.

El Ministro también se refirió a la presencia de parlamentarios de España y Chile tras la detención de Camacho, lo que calificó como “intromisión”, y confirmó los reclamos diplomáticos que realizará el país.

OTRO PROCESO

Por otra parte, el gobernador cruceño fue notificado en el interior de la cárcel de Chonchocoro para que declare por otro proceso en su contra: una acusación por una supuesta violación registrada hace 35 años. 

A inicios de diciembre, se develó una nueva denuncia contra el gobernador Camacho por el delito de violación, a denuncia de un hombre, quien lo acusó de haber cometido este delito hace 35 años, cuando la presunta víctima tenía cinco años, según Erbol.