Defensor del Pueblo demanda investigar agresiones y amenazas a periodistas
El uso de petardos contra periodistas se ha tornado frecuente en el último tiempo. Foto: El Deber La Defensoría del Pueblo censuró las agresiones y acciones violentas que sufrieron al menos siete trabajadores de la prensa que realizaron este martes la cobertura de las movilizaciones en la ciudad de La Paz y demandó al Estado investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables.
A través de un comunicado, la institución defensorial afirmó que los hechos ocurridos “atentan” contra la libertad de información.
En el documento se rechazó “todo tipo de amenazas” a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras”.
“La Defensoría del Pueblo reprocha también el actuar de los movilizados que afectaron la integridad de una persona adulta mayor, cuando ejercía su derecho a la protesta en la zona Sur de la urbe paceña”, señala.
La Defensoría del Pueblo recordó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado, pero el ejercicio de este derecho no debe afectar los derechos de terceros y debe ejercerse con respeto al ser humano.
"JORNADA LAMENTABLE"
"La jornada del 10 de enero ha sido una de las más tristes y lamentables al inicio de este 2023", manifestó también este miércoles el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Franz Chávez, quien repudió las agresiones de los manifestantes y la amenaza nada menos que de un excandidato a Defensor del Pueblo, que planteó revocar la licencia de un canal televisivo, quemar su edificio o hacer "Ayo Ayo" a sus periodistas, en referencia a la masacre de grupos indígenas a universitarios chuquisaqueños en Ayo Ayo, La Paz, durante la Guerra Civil.
En una entrevista en Correo del Sur Radio, remarcó que como ANP ya enviaron una carta al presidente Luis Arce tras las agresiones a trabajadores de la prensa en Santa Cruz, por lo que esperan que el Gobierno garantice el cumplimiento de las normas.
