El Gobierno compromete acciones por periodistas

El Gobierno comprometió sumarse de oficio y dar seguimiento a las denuncias que presentaron algunos trabajadores de la prensa que fueron agredidos durante los diferentes conflictos sociales en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, hizo conocer la posición a tiempo de condenar “enérgicamente” las agresiones que sufrieron los periodistas en diferentes momentos “vengan de donde venga”.

“Como Gobierno, junto al Ministerio de Justicia, vamos a hacer el seguimiento y nos sumamos de oficio en los casos que se tengan para apoyar a las víctimas, a los periodistas, víctimas de estas agresiones las mismas deben ser investigadas hasta su sanción”, comprometió en conferencia de prensa.

“El Gobierno no ha emitido ninguna normativa no es política del Estado que afecte la libertad de expresión de los trabajadores de la prensa ni de ningún ciudadano porque lo entendemos como un bien común”, añadió Alcón.

También hizo mención a lo ocurrido al caso de la estatal Bolivia TV debido a que no emite señal desde la regional de Santa Cruz desde hace nueve días, debido a “amenazas y hostigamiento” a periodistas y sus familiares y agregó que una periodista de Patria Nueva fue agredida en tres oportunidades por grupos afines a los cívicos y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo censuró las agresiones y acciones violentas que sufrieron al menos siete trabajadores de la prensa que realizaron el martes la cobertura de las movilizaciones en la ciudad de La Paz y demandó al Estado investigar de oficio, identificar y sancionar a los responsables.

A través de un comunicado, la institución defensorial afirmó que los  hechos ocurridos “atentan” contra la libertad de información.

En el documento se rechazó “todo tipo de amenazas” a los trabajadores de la prensa que pongan en riesgo su integridad emocional y física que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “generarían un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura de comunicadores y comunicadoras”.

La institución recordó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado.