Defensoría del Pueblo identifica 71 vulneraciones a derechos humanos en el paro por el Censo
Investiga la muerte de un funcionario municipal de Puerto Quijarro, el degollamiento de un motociclista en el quinto anillo y el apuñalamiento a un joven en el Barrio Latino
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Foto: Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo admitió 71 denuncias de vulneración de derechos humanos durante el paro de 36 días en Santa Cruz, el año pasado, en demanda del Censo en 2023.
Pedro Callisaya, titular de la Defensoría del Pueblo, presentó este jueves el “Informe Preliminar Situación de la Vulneración de los Derechos Humanos en el paro por el censo en Santa Cruz”.
En este informe, los casos registrados están relacionados con la vulneración al derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de información, salud, violencia contra las mujeres, educación, integridad personal y pueblos indígenas.
Por la escalada de violencia y los 71 casos registrados hasta 31 de noviembre de 2022, la Defensoría del Pueblo abrió tres investigaciones respecto a la vulneración del derecho a la vida como la muerte de un funcionario municipal de Puerto Quijarro, el degollamiento de un motociclista en el quinto anillo y el apuñalamiento a un joven en el Barrio Latino.
La Defensoría también recibió denuncias de agresiones físicas a periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, corresponsales, entre otros, quienes fueron interceptados por grupos de manifestantes, efectivos policiales y otros actores movilizados. Los trabajadores de la prensa recibieron pedradas y palizas, entre otras agresiones que en algunos casos dejaron heridos de gravedad.
Daños a enfermos y mujeres
El Defensor del pueblo también rememoró las escenas donde manifestantes en puntos de bloqueos impedían el paso de las ambulancias y agredieron a los ocupantes. Asimismo, remarcó la afectación a los pacientes que no pudieron llegar a sus tratamientos vitales como enfermos de cáncer y renales, entre otros.
“Lamentamos que hubo denuncias donde se recabó datos que los bloqueadores obligaron a exponer a los infantes para verificar si físicamente mostraban signos de pacientes oncológicos (falta de cabello o le falte algún órgano) y cuestionó la condición si no cumplía con tales signos, obstruyendo su traslado”, enfatizó.
Indicó que no se pudo atender con prontitud un caso de violencia sexual a una mujer y confirmó un caso de violación múltiple a mujer. También reportó agresiones a mujeres indígenas por parte de movilizados.
